Los medios de comunicación comunitaria, alternativa y popular nos solidarizamos con el presidente de la Confederación de Nacionalidades indígenas del Ecuador, Leonidas Iza, y rechazamos las declaraciones de odio, racismo y discriminación que sistemáticamente los medios de comunicación vinculados con intereses empresariales han naturalizado de forma esquemática y permanente. 

Los discursos que las élites han utilizado para denigrar y ridiculizar a los sectores populares se enmarcan en un esquema de violencia estructural promovido por las empresas dedicadas al negocio de la comunicación y que son voceras de grupos vinculados al poder político y económico, por ello, frente a estos hechos, no bastan las disculpas de Eduardo Vivanco, Andersson Boscán o del director del medio televisivo Rafael Cuesta, pues nos enfrentamos no solamente un problema ético, sino un problema material, que legitima el odio de las élites a los sectores empobrecidos y perpetua realidades de injusticia y dominación.

En este sentido, no se puede aceptar bajo ningún concepto que la línea editorial de los medios de comunicación tenga como objetivo la estigmatización y la promoción de los discursos de violencia, por ello, la salida del aire de dicho programa representa un precedente sobre los límites de la autorregulación y la libertad de expresión en el país, puesto que su naturaleza no es informar, opinar, educar o entretener, al contrario, su contenido contraviene los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y, en la vigente Ley Orgánica de Comunicación.

Pese a que el Secretario de Comunicación ha hecho un llamado a aplicar las sanciones del código deontológico del medio como una forma de autocensura, y el Presidente Guillermo Lasso habla sobre la responsabilidad en el marco de la libertad de expresión, la práctica de los medios, en este caso, uno incautado y administrado por el gobierno, apenas ha observado el cometimiento de “excesos” lo cual delinea la impunidad y la contradicción entre el discurso del encuentro y la práctica del odio.

Esto evidencia que derogar la Ley Orgánica de Comunicación y preconizar la autorregulación perpetuará el ejercicio de violencia y racismo que se promueven de manera directa o indirecta, y que sean los medios, de manera discrecional, los que juzguen y apliquen las sanciones que crean suficientes.  La autorregulación encubrirá delitos penales haciéndolos pasar por “excesos” o “irreverencia”.

Nosotros, los medios comunitarios, nos comprometemos a seguir construyendo una comunicación que transforme, una comunicación intercultural, que responda a los intereses de las mayorías trabajadoras del mundo y que contrarreste los procesos de legitimación de la violencia del Estado y de la comunicación vocera de los intereses corporativos.