Huelga en Explocen: la clase obrera se reactiva

Desde el lunes 13 de julio de 2020 el Comité de Empresa de Trabajadoras y Trabajadores de EXPLOCEN C.A. permanece en huelga, legal y pacífica, exigiendo el cumplimiento de sus derechos laborales y un cúmulo de peticiones para suscribir un nuevo contrato colectivo, pedido que se les ha negado durante 8 años, tiempo en el cual los directivos de la empresa no han dado solución a las demandas laborales, por tal razón, los trabajadores cumplen ya 20 días de huelga, acción colectiva de presión que se ha declarado como indefinida hasta que sean escuchados.

Son más de 50 personas trabajadores y dirigentes sindicales que se mantienen en el interior y exterior de la fábrica, durante estas semanas han recibido constantes amenazas, hostigamiento e intimidación, así como varios intentos de desalojo violento por la Policía Nacional. Las instalaciones de la empresa, en la vía Saquisilí-Poaló, en la provincia de Cotopaxi, permanecen militarizadas y bajo permanente “estado de sitio”, según los testimonios y evidencias que circulan en redes sociales, se han asentado vehículos y camiones militares y la vigilancia se realiza con drones, esto a pesar de las acciones pacíficas y el marco constitucional nacional e internacional que amparan el derecho a la huelga (Art.497.2 del Código del Trabajo).

¿Por qué se declara la huelga en Explocen C.A.?

Estabilidad laboral, alza salarial de 30 USD, respeto a los años de trabajo y sus respectivos beneficios, denuncia de actos de corrupción en la administración, y porque la huelga es un derecho. Por 8 años exigen la firma de un contrato colectivo que les permita tener estabilidad laboral, pero en medio del proceso y en el contexto de la pandemia 5 de sus compañeros fueron despedidos ilegalmente y sin indemnización, a pesar de haber servido a la empresa por más de 25 años. La gerencia de Explocen argumentó para esto, arbitrariamente, basarse en el artículo 169. 6 del Código del Trabajo, sobre la terminación de contrato laboral por fuerza mayor que aplica solo si la empresa dejó de operar, que no es el caso de esta empresa.

En este contexto de vulneración de derechos laborales en el año 2014 se conforma el Comité de Empresa de Trabajadoras y Trabajadores de EXPLOCEN C.A para tener mayor representación, poder negociar mejores condiciones y resolver los conflictos laborales. Su demanda principal es la firma de un contrato colectivo, proceso que no ha sido escuchado por la gerencia de la empresa y en las instancias formales, denuncian, que autoridades y el Ministerio del Trabajo han actuado de forma parcializada hacia los intereses de la empresa, los trabajadores organizados insisten que antes de la huelga, agotaron todos los procedimientos en derecho laboral.

Desalojos violentos en la madrugada

Freddy Caisa, secretario del Comité de trabajadores de Explocen denunció públicamente que miembros del Ejército se “tomaron las instalaciones de la fábrica” y mantienen en zozobra a los 58 trabajadores que encabecen la huelga de forma pacífica, la estrategia de la empresa y la fuerza pública sería amedrentar, obstaculizar y desarticular el ejercicio del derecho a la huelga, imponiendo un amplio despliegue militar y policial, por esto, Angelica Porras, abogada del Comité de Trabajadores denuncia como ilegal que en un conflicto laboral las FFAA actúen y ejecuten operativos sin competencia alguna en un conflicto que debe resolverse por medio del derecho laboral y no bajo acciones represivas, violentando los derechos humanos y la dignidad de los trabajadores.

Durante los 20 días de huelga, por redes sociales, plataformas de organizaciones sociales y medios comunitarios se ha denunciado el uso ilegítimo y arbitrario de la fuerza pública para amedrentar y forzar el desalojo de los trabajadores, quienes permanecen dentro y fuera de las instalaciones, adecuando de forma solidaria y como pueden, el ingreso de comida y las condiciones necesarias para sostener la medida de hecho.

Las denuncias señalan principalmente que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas actúan ilegalmente en un conflicto laboral en el cual no tienen competencia, pues la huelga es amparada en el ordenamiento jurídico, sin embargo, acciones como las del viernes 24 de julio cuando la Policía Nacional irrumpió en la noche a la fábrica y “solicitó la cédula de los trabajadores que se encontraban allí, indicándoles que quedaban sancionados por violar el toque de queda”, muestran las acciones intimidatorias para desarticular la medida de hecho y criminalizar la protesta social. Los trabajadores son enfáticos: “¡No somos delincuentes, ni terroristas!, reclamamos legalmente nuestros derechos.”

La militarización de la fábrica Explocen se produce en el contexto del Acuerdo Ministerial 179, sobre “el uso progresivo de la fuerza”, que fundamentalmente legaliza el uso de armas letales contra manifestantes en protestas sociales, violando la Constitución, resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y varios organismos internacionales, y poniendo en grave riesgo las vidas de la población civil en cualquier acto de legítima resistencia y protesta social. Pero el 24 de junio la Corte Constitucional (CC) resolvió suspender la vigencia del Acuerdo 179, hasta que el Pleno de la Corte adopte una decisión de fondo de la acción de inconstitucionalidad planteada por organismos de derechos humanos.

Ante estas circunstancias, los trabajadores de EXPLOCEN C.A, a través de su representación jurídica, presentaron el 15 de julio de 2020, una demanda ante la Corte Constitucional por incumplimiento del dictamen constitucional Nro. 3-20-EE/20 para que se ordene al Ministro de Defensa la desmilitarización de la fábrica; y a la vez, para denunciar ante la opinión pública y organismos de DDHH que el Estado y la empresa está vulnerando los derechos colectivos de trabajo, libertad de asociación, libertad sindical y la libertad de negociación colectiva, derechos considerados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como fundamentales.

Tanto las centrales sindicales nacionales, movimientos sociales y gremios así como organizaciones enfocadas en la defensa de los derechos humanos alertan de estos hechos ante la ciudadanía, y responsabilizan al Gobierno por la integridad de los trabajadores en la huelga pacífica y denuncian las ilegales acciones efectuadas por la Policía Nacional, pues, sin orden judicial de autoridad competente monta operativos en horas de la madrugada con las consecuencias trágicas que esto puede ocasionar entre las partes involucradas.

Así se vive la huelga

Por la emergencia sanitaria la huelga encuentra las formas de respetar las medidas de bioseguridad y se realizan talleres de capacitación sobre medidas de prevención ante el Covid-19, dentro y fuera de las instalaciones hombres y mujeres asumen un rol de ayuda y aporte comprometido para sostener la huelga, saben que la información es vital en esta acción y por ello difunden contenidos por sus canales en Facebook y Twitter.

La solidaridad de la clase trabajadora se ha hecho presente, de forma permanente reciben muestras de respaldo desde los distintos sectores sindicales y sociales, organizaciones, gremios, colectivos, el movimiento indígena han extendido sus muestras de solidaridad y respaldo a esta huelga.

En este respaldo se ratifica la legitimidad y legalidad de la huelga y alertan de la violación sistemática que las instituciones del Estado ecuatoriano vienen realizando en contra de los trabajadores de EXPLOCEN, exigen la intervención inmediata de la Asamblea Nacional, el Ministerio de Trabajo, la Corte Constitucional, la Contraloría General del Estado, la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre otros organismos.

La huelga del Comité de Trabajadores de Explocen en un contexto de vulneración de los derechos laborales, por las medidas económicas y leyes aprobadas en el gobierno de Lenín Moreno, significa la reactivación del movimiento obrero sindical para hacer frente al ajuste neoliberal que implica: recorte a la educación pública, despidos masivos en sector público y privado, flexibilización y precarización laboral, privatización de empresas públicas que, según las cifras del propio Ministerio del Trabajo, dejan ya a 173 000 trabajadores sin empleo.

Published by

Kapari Comunicación

Red de Comunicación Comunitaria Ecuador