La Ley Inhumanitaria. primera parte

PIDO LA PALABRA. – Entre las palabras claves para entender la inhumanidad de la mal llamada “Ley Humanitaria” se cuentan, entre otras, las siguientes: derechos, principios, considerandos. Estos vocablos deben ser imperativamente observados por el legislador en la redacción de una ley, sin que les sea discrecional aplicarlos o no, pues, su inobservancia, acarrea la inconstitucionalidad de una ley. Pasemos a demostrar esta afirmación.

Toda ley, incluso las sentencias, empiezan por los considerandos. Estos son los motivos o razonamientos jurídicos que justifican la necesidad de una ley. Sus futuras disposiciones deben estar con arreglo a estos considerandos. En definitiva, los considerandos son una parte integrante de la ley, por lo que su redacción merece todo el cuidado y atención necesaria en la discusión y formación de una norma. Esto se debe a que el sentido, el espíritu y la razón de su aplicación están, precisamente, en los considerandos. Aquí está el alma más fiable para entender o interpretar lo que quiere decir el legislador, y en la ley humanitaria no hay considerandos que traten sobre el cuidado de los derechos laborales, solo algunos que apuntan a “fortalecer” la débil economía nacional generada por la crisis sanitaria propagada por el covid19.

Además, es preciso señalar que, tanto el legislador de la Asamblea, como el presidente de la República, se encuentran obligados a cuidar celosamente el ejercicio pleno de los derechos, ya que, el artículo 11 de la Constitución de la República, obliga a que ninguna norma jurídica pueda restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales; y, como vamos a ver más adelante, la “Ley Humanitaria” restringe los derechos al trabajo, a la estabilidad del empleo, al salario básico o al goce de vacaciones.

La Constitución de la República también obliga a que el legislador, en la creación de las leyes, desarrolle los derechos, sea a través de las normas, sea a través de la jurisprudencia y las políticas públicas. Y es esto, precisamente, lo que no está ocurriendo con esta ley en estudio, pues el Estado no está ni generando -peor aún, garantizando como es su obligación- las condiciones necesarias para el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos constitucionales relativos con el trabajo. Por el contrario, las normas que más adelante veremos, afectan derechos constitucionales relativos al empleo y el salario. Se constituyen en normas regresivas, que están disminuyendo dichos derechos constitucionales, que de ninguna manera pueden ser menoscabados o anulados injustificadamente en su ejercicio. Allí la razón de ser inhumanitaria, a pesar de que el deber más alto del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.

El hecho jurídico de legalizar y autorizar al empleador a que disminuya la jornada de trabajo y, bajo ese pretexto, pagar al trabajador lo que corresponda proporcionalmente a esas horas trabajadas, es, sin duda alguna, una restricción al ejercicio y garantía del derecho del trabajo, violentando de esta manera la obligación estatal de garantizar a los trabajadores el pleno respeto a su dignidad, a una vida decorosa, a las remuneraciones y retribuciones justas, y al desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.

Es tan lesiva esta ley que, estando el Estado obligado a impulsar el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo, en su artículo 20 autoriza al empleador a que pueda reducir la jornada laboral hasta un máximo del 50 por ciento, y norma que el sueldo o salario corresponda a las horas efectivamente trabajadas. Entonces, con esta vulneración a principios constitucionales, todo empleador se siente a sus anchas para seguir explotando al trabajador y, el Ministerio del Trabajo, que supuestamente es el órgano que debe cuidar de estos derechos, solo esta como convidado de piedra, cuya máxima facultad es registrar las inconstitucionalidades que trae esa ley.

Poco, o nada, le importó al actual legislador que los derechos sean irrenunciables; que sean intangibles; que los “acuerdos” que nos trae esta ley impliquen, expresamente, una renuncia de derechos. Poco, o nada, le importó que la remuneración no sea justa, como exige la Constitución, con un salario digno que cubra, al menos, las necesidades básicas del trabajador, así como las de su familia. Poco, o nada, le importó a este legislador el principio constitucional por el cual se prohíbe que el salario pueda ser disminuido. Poco, o nada, en definitiva, le importó soslayar que el derecho laboral -y los que se desprenden del derecho al trabajo, como el empleo estable, un salario justo, condiciones sanas y saludables del trabajo, seguridad social, libertad sindical, el derecho de la contratación colectiva- es, ante todo, un derecho humano. De allí, precisamente, que, en los considerandos, ni siquiera se atreva a señalar las disposiciones constitucionales que estaba obligado a observar en materia laboral.

Es necesario precisar, también, que la Asamblea Nacional, así como el presidente de la República, están obligados a que los proyectos de ley se refieran a una sola materia. Así lo exige el artículo 136 de la Constitución de la República, señalando, además, que, si el proyecto no reúne este, entre otros requisitos, no se tramitará, lo cual tampoco fue advertido. De aquí se deduce la omisión al juramento que hicieron al posesionarse asambleístas y presidente, pues juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia.

Como podemos ver hasta aquí, es una ley que golpea las economías de los trabajadores ecuatorianos, los derechos laborales, los convenios internacionales en materia de derecho al trabajo y los principios constitucionales; encontrándonos, nuevamente, frente a un Estado flexibilizador que prioriza y beneficia a los grandes grupos de poder económico y político en detrimento del ser humano, aprovechándose del encierro al que estamos sometidos y a la crisis sanitaria que atravesamos. Solo asambleístas inhumanos pueden crear leyes inhumanas que den prioridad al capital y no al trabajador.

Desde que se envió el proyecto de esta ley hasta su aprobación, toda organización, federación y confederación sindical, así como el pueblo en general, hemos salido a las calles a expresar nuestro descontento; y lo seguiremos haciendo, pese al confinamiento obligatorio. Lo hemos hecho observando el distanciamiento social y demás normas de bioseguridad. En general, el rechazo a la política económica del gobierno de Lenín Moreno sigue cada día en aumento, y esa lucha es el camino, así nos lo enseña la historia.

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Kapari Comunicación

Red de Comunicación Comunitaria Ecuador