Violación de los derechos de empleo, estabilidad y remuneración en el Ecuador

Por: MSc. Abg. Rodrigo Castellanos Castro

El 20 de mayo del 2020, una vez más con el pretexto del Covid19, el Ministro de Trabajo, Luis Arturo Poveda Velasco, expidió el Acuerdo Ministerial MDT-0117-2020, intitulado “Directrices para Establecer la Jornada Especial Diferenciada en el Sector Público”, armando de este modo, el andamiaje legal a Talento Humano de todo el sector público para que rebaje la jornada de trabajo, sea por razones funcionales, técnicas y de caso fortuito o fuerza mayor, aplicable a los dos regímenes de LOSEP y Código del Trabajo, hasta allí parecería que los servidores públicos no tendrían problema, incluso en su disposición General Tercera, afirma que en el trabajo de jornada diferenciada de 6 horas, la remuneración unificada no puede verse afectada, sin embargo, aunque parezca muy inocente dicho acuerdo, en el fondo a pretexto de la eficiencia y eficacia que habla el Acuerdo Ministerial A-0110-2014 aplicable a esta jornada diferenciada, en el fondo esconde una reducción de personal, vulnerando de este modo el principio y garantía constitucional del empleo y de la estabilidad de los servidores públicos, como lo voy a demostrar a continuación.

Pues, en el siguiente Acuerdo Ministerial signado con el No. MDT-2020-119, intitulado, “Directrices para la Evaluación de Talento Humano de las Instituciones en Proceso de Supresión o Restructuración”, dictada por el mismo Ministro de Trabajo, el 27 de mayo del 2020, de aplicación directa para el sector público, y por el cual, se inicia los denominados procesos de restructuración, ya sea por “fusión, fusión por absorción, escisión, subsunción o similares de acuerdo a lo determinado en los actos normativos expedidos para el efecto.”, pretenden, calificar actividades duplicadas o idénticas, para luego pasar a la fase de evaluación de talento humano con el respaldo de un “informe técnico” en la que conste la nueva estructura provisional que deberá ser aprobada por la Dirección Regional del Trabajo, a este proceso, se añade el de evaluación, selección y optimización de talento humano, que analiza además, la instrucción formal y la experiencia del servidor público, cuya cuantificación ahora asciende a 90 y 100%. Con el “informe técnico” así lo señala el Art. 14 de este Acuerdo, se inicia el proceso de desvinculación o supresión de partidas del resto del personal y se eliminan servidores públicos en 3 diferentes casos: cuando el servidor público tenga una calificación igual o inferior a 89,99%; cuando el servidor público mantenga un contrato de servicios ocasionales; y, cuando, el servidor público mantenga un nombramiento provisional; respecto del nombramiento provisional, la Corte Constitucional, ha dictado varias sentencias, en las cuales ha establecido que por ningún motivo se puede dar por terminado los nombramientos provisionales hasta que no concluya el proceso de concurso por un puesto de trabajo.

Por tanto, es fácil darse cuenta que, con la reducción de la jornada diferenciada de 6 horas del servidor público, quieren hacernos creer que, “pueden”, seguir atendiendo; así podemos advertir que la afectación es doble, pues, de un lado se da por concluida la relación laboral con el servidor público, que ya no se le necesita para la prestación de las 6 horas y de otro lado, la prestación del servicio público a la ciudadanía que de hecho siempre ha sido pésima y burocratizada, ahora será más lenta y menos eficiente, la fórmula inhumana es simple, en menos tiempo y con menos personal.

Finalmente, es preciso recordar que, todo el mecanismo aquí descrito en los Acuerdos Ministeriales que tienen un rango de inferior jerarquía de ley, así lo dispone el Art. 425 de la Constitución; la noche del 19 de junio del 2020, han sido elevados a norma orgánica, cuando la Asamblea aprobó la LEY ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19, en cuyo texto, podemos observar en el fondo, las mismas afectaciones al derecho de empleo, a la estabilidad y al sueldo, pues, prácticamente se desarrolla de mejor y más agresiva forma el concepto de los Acuerdos Ministeriales antes señalados, a tal punto que incluso, en el Art. 20, inconstitucional e ilegalmente, se dispone una reducción del sueldo cuando en forma expresa ordena que: “El sueldo o salario del trabajador corresponderá, en proporción, a las horas efectivamente trabajadas, y no será menor al 55% de la fijada previo a la reducción…”, disposición “legal” que es contraria a la Constitucional del Art. 328, que dispone que: “El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley.”; sin perjuicio del desacato del Convenio Internacional 95 que es el Convenio internacional relativo a la Protección del Salario; de este modo, esta ley y los acuerdos ministeriales, no solo son inconstitucionales, sino que además, tienen un carácter regresivo que disminuye, menoscaba y anula injustificadamente el ejercicio de los derechos universales del empleo, de estabilidad y de la remuneración; arrasando de esta manera con todo principio laboral, que aunque se diga que tiene un carácter temporal, simple y llanamente es inaceptable.

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Kapari Comunicación

Red de Comunicación Comunitaria Ecuador