Alberto Dahik, el Friedman criollo como le denominamos, manejó un tercio de los gastos reservados del Estado, suma que ascendería a 66 mil millones de sucres, de los cuales, los diputados socialcristianos Xavier Neira Menéndez y Rafael Cuesta Caputti denunciaron por peculado y manejo ilegal de alrededor de 19 mil millones de sucres, 1.100 millones depositados en las cuentas de sus secretarios privados. Esta trama de corrupción bien podría ser una de los mayores saqueos de la historia de las arcas públicas ecuatorianas. Pero, quiénes fueron los beneficiarios y cuál fue el destino de esos fondos, se pregunta hasta ahora el Ecuador, recordemos la información que salió a la luz pública durante la investigación y juicio que llevó a cabo la, también cuestionada, Corte Suprema de Justicia.
Dahik en 1986 cuando fungía de Ministro de Finanzas del gobierno de Febres Cordero ya estuvo en el ojo del huracán, “por la expedición del paquete de medidas económicas del 11 de agosto de 1986, mediante el cual se desincautó las divisas y se puso a flotar las tasas de interés, y por su responsabilidad en la importación de caballos de raza en aviones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) realizada sin declaración ni permiso de importación, cuyo destino final (de algunos) fueron las caballerizas de León Febres Cordero, situadas en El Cortijo, Samborondón, provincia del Guayas. Según denunció el entonces diputado Jamil Mahuad.”(Oña L. 1986: 12).
Ya de vicepresidente en el gobierno de Sixto Durán Ballen venía teniendo sendas sospechas de corrupción desde las altas cúpulas, y todos apuntaban a Dahik como operador político y hombre del maletín, quizás por esto, en un intento por adelantarse a los hechos e intentando salir ileso, Dahik convoca a varios periodistas a una reunión en Carondelet en la cual “denuncia la corrupción” a gran escala que se vivía en el poder político. Alfonso Espinosa de los Monteros uno de los periodistas presentes en esa reunión, relata lo siguiente:“yo mismo, acompañado de otro periodista, estuve en un almuerzo en la vicepresidencia, en el que nos habló de estos pagos, aunque sin dar mayores detalles. Fue cuando se aprobaron las reformas a la Ley de Hidrocarburos. El caso es que, en estas conversaciones, Dahik aparecía como denunciante de un mecanismo de corrupción que beneficiaba a legisladores. No tardó mucho en “darse la vuelta la tortilla” y Dahik pasó a ser el acusado por los legisladores socialcristianos como responsable de la corrupción por haber utilizado fondos reservados para el pago de dividendos a cambio de favores políticos”[1], es así que se inicia el juicio político al segundo mandatario, bajo acusación de cohecho y atentado al honor nacional.
El 16 de agosto de 1995[2], el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Miguel Macías Hurtado, abrió el sumario del juicio penal contra Alberto Dahik y sus secretarios, Gladys Merchán y Juan Mario Crespo por los presuntos delitos de: prevaricato, cohecho, soborno, utilización dolosa de fondos reservados, concusión, peculado, exacciones y enriquecimiento ilícito, se dictó auto de prisión preventiva en contra de los secretarios de Dahik, pero se fugaron antes de ser arrestados.
El caso “gastos reservados” había estallado, es así que el 24 de agosto de 1995, el radiodifusor Gonzalo Rosero, propietario de Radio Democracia, denunció que el ex canciller de la República del gobierno de Sixto Durán Ballén, Diego Paredes Peña[3], negoció la compra de su radioemisora con fondos que Rosero, presumía que provinieron de gastos reservados, pues un cheque en su favor había sido girado por Gladys Merchán como anticipo del negocio, “de la cuenta n.º 2598377, calificada por el propio vicepresidente Alberto Dahik como cuenta de gastos reservados, el 27 de abril, Rosero recibió la primera parte del anticipo, 66 millones 100 mil sucres, equivalente a 25 mil dólares a la cotización de esa fecha”[4]. El objetivo de la compra de este medio de comunicación se presume era apuntalar la campaña política de 1996.
El 29 de enero de 1996, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano Constantine[5] hizo públicos un total de 287 nombres de personas naturales y jurídicas que recibieron cheques de las cuentas secretas de la Vicepresidencia de la República, y los involucró en el juicio penal, se estableció que los depósitos del Ministerio de Finanzas en la cuenta de gastos reservados de la Vicepresidencia de la República, en el Banco Central del Ecuador, totalizaron 21 mil 527 millones de sucres, la cifra sería precisada con exactitud por los peritos: 19 mil 580 millones 500 mil nueve sucres.
El proceso penal permitió conocer las personas beneficiadas con fondos de los gastos reservados a través de cheques de las cuentas de Gladys Merchán y Juan Mario Crespo Burgos, “los personajes más conocidos, que recibieron fondos reservados (en sucres), fueron Pablo Lucio Paredes (32.000.000,00) el diputado conservador Freddy Bravo (500.000,00), el diputado conservador Wilman Costa (91.918.000,00), el gerente del Banco Central, Augusto de la Torre (108.455.000,00), el consultor cubano Mario Elgarresta (60.400.000,00), el ministro de Industrias José Vicente Maldonado (6.000.000,00), el político izquierdista René Maugé[6] (6.000.000,00), el ex canciller Diego Paredes, y el ex secretario de Comunicación Enrique Proaño (6.000.000,00)”[7], entre muchos otros.
Según esa primera lista, 242 personas entre naturales y jurídicas recibieron cheques en sucres de los fondos reservados de la Vicepresidencia de la República en cuentas del Banco del Pacífico. El monto total: 8 mil 832 millones 144 mil 102 sucres, en 834 cheques, luego se reveló una lista adicional de 29 presuntos beneficiarios de la compra de divisas del Banco del Pacífico, por un total de 276 mil 964 dólares.
Por si fuera poco, la publicación de la “Lista de Dahik” permitió confirmar que con gastos reservados de la Vicepresidencia de la República se financió la campaña del llamado Comité de Información y Contacto Externo (CICE) para producir y difundir la campaña de la Consulta Popular de 1994, gastos reservados para financiar un encuentro boxístico del peleador ecuatoriano Segundo Mercado con el norteamericano Bernard Hopkins, en diciembre de 1994, ayuda a actrices para actividades en el exterior, apoyo para la atención de la salud del esposo de una ex diputada conservadora, publicidad, rastreo de información, propaganda política, apoyo a judocas de la provincia de Guayas, compra de libros, ayudas a iglesias, “fue el propio cardenal Bernardino Echeverría quien, en confesión judicial, ratificó que templos parroquiales, capillas, escuelas y otras obras sociales recibieron fondos reservados”, con la cual se destapó uno de los más grandes casos de corrupción de la historia del país y evidenció una estructura consolidada de compra de voluntades para intereses políticos .
En la tercera entrega de esta serie analizaremos qué sucedió en el juicio penal y en el juicio político del cual este hábil personaje salió bien librado.
Lee aquí: Dahik, shock económico y delitos de cuello blanco (1)
_________________
[1]Alfonso Espinosa De Los Monteros, Memorias Tomo II 1988-2016: Vaivenes de la democracia
[3] Diplomático quiteño, se desempeñó como subsecretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de León Febres Cordero. También fue embajador del Ecuador ante la Comunidad Económica Europea. Durante el gobierno de Rodrigo Borja fue embajador en Guatemala. Director de campaña electoral en la Sierra de Sixto Durán Ballén y presidente del (PUR).
[4] CRONICA DE UN DELITO DE BLANCOS, Diego Cornejo Menacho, 1996
[5] Asume la presidencia luego de la censura de Miguel Macías Hurtado, censurado y destituido el 29 de agosto de 1995 por el Congreso Nacional en el marco de un juicio político a tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por el fallo dentro de un juicio que mantenía el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el constructor Jorge Aguilar.
[6] Secretario General del Partido Comunista del Ecuador.
[7] CRONICA DE UN DELITO DE BLANCOS, Diego Cornejo Menacho, 1996
RED KAPARI 
Published by