“A pesar de las diferencias que existen entre ellas, tanto la injusticia socio económica como la injusticia cultural se encuentran ampliamente difundidas en las sociedades contemporáneas. Ambas están arraigadas en procesos y prácticas que sistemáticamente ponen unos grupos de personas en desventaja frente a otros, ambas por lo tanto deben ser remediadas”. Nancy Fraser.

El imaginario del indio que nos heredaron desde la escuela, al parecer predomina en los medios de comunicación, ellos muestran a este sujeto, que, si no es de carácter folclórico, aparece como parte del escenario de una postal de turismo, o en algunos casos surge como un sujeto que necesita ser educado. Los medios de comunicación si bien son constructores de imágenes y discursos, entre sus prioridades no está el romper esta concepción de los sujetos excluidos históricamente, al contrario, por la lógica del mercado dan énfasis o prioridades a temas como el sensacionalismo, amarillismo. Estas realidades no mostradas o emitidas por parte de las líneas editoriales se den capaz por evitar manchar de pobreza las páginas de los lectores.

En la comunidad de Chinaló Alto, parroquia de Chugchilan, Cantón Sigchos ubicada en la provincia de Cotopaxi, con reguardo de la policía nacional y en cumplimiento, por la orden de un juez de la Unidad Judicial multicomponente del Cantón Sigchos. Ingresaron a la vivienda de Rafael Ayala y su esposa e incendiaron su casa en la que vivían más de 50 años, en el incendio provocado se llevó todo lo que estaba en su interior; pertenecías personales y animales vivos (cuyes, conejos) que estaban ubicados en la cocina de la casa, como es común en las viviendas indígenas.

Para contextualizar, es necesario entretejernos con el tiempo o por lo menos recordar una de las obras importantes de la literatura ecuatoriana “Huasipungo” en la que describe una de las formas de explotación en la que vivían los indígenas en el Ecuador y que al parecer no se han superado.

En el tiempo del huasipungo existían varias modalidades, entre ellas la del huasipungo que consistía en que en el terrateniente daba un pedazo de tierra a cambio de que se trabaje todo el tiempo en la hacienda. Otra modalidad era la de los partidarios, que consistía en que el hacendado dejaba toda la tierra repartida y bajo esta modalidad se pueda usufructuar bajo el trabajo indígena.

Ya en la época por las demandas sociales que se expandieron con relación a la problemática de la tierra, tras el levantamiento de los procesos revolucionarios como la revolución Sandinista o Cubana en América Latina. La tierra fue entregada bajo títulos de propiedad en algunos sitios para evitar que la idea de revolución se expanda por todo el continente.

En el Ecuador tras los levantamientos indígenas en los años 90, se legalizaron varias tierras a nombres de los campesinos y a partir de este momento por la lucha constante de este movimiento en la actualidad se han logrado implementar algunas de las demandas que están y avala la constitución actual del Ecuador.

En la comunidad Chínaló Alto existe hace años un conflicto que tiene que ver con la tierra, la propiedad y el acceso a la justicia. Una extensión de tierra que se dejó en calidad de partidario hace 50 años, ahora sus ex propietarios regresan a la comunidad a exigir que las tierras sean devueltas por parte de los indígenas que han estado trabajando por toda su vida, con el argumento de que la propiedad no les pertenece.

Frente a la negativa de los comuneros indígenas de retirarse con el aumento, de que la tierra pertenece a quien la trabaja, la familia Armas denunció a la justicia ordinaria que los comuneros no respetan la ley y exigen mediante un juicio que sean desplazados de las tierras sin tomar en cuenta que en la actualidad los indígenas tienen garantías constitucionales por encontrarse bajo el sistema comunitario.

Una de las cualidades que tiene este proceso judicial -como varios que enfrenta la gente pobre en este país – es que los indígenas no han podido defenderse ya que las condiciones espaciales y económicas imposibilitan su defensa; las notificaciones judiciales no llegan a los hogares, los indígenas no cuentan con recursos económicos para pagar abogados, además que la justicia ordinaria aun sabiendo las condiciones que desfavorecen a los indígenas, ellos favorecen a los que tiene las posibilidades de defenderse.

Los comuneros ante la impotencia de ser desplazados por la familia Armas y la justicia tradicional, recurren al MICC[1] órgano que representa, articula las demandas de las comunidades y organizaciones, para que por medio de esta organización puedan enfrentar la problemática.

El dirigente actual del MICC, Leónidas Iza Salazar interviene en el conflicto de la comunidad amparado bajo la ley ordinaria para ejercer funciones en conflictos comunitarios. El dirigente propone llegar a un acuerdo con la familia Armas pero ante la negativa de esta familia, La comunidad realiza una asamblea para dar salida al problema.

En la resolución de la reunión comunal [2]se manifiesta los siguientes puntos: 1.- Que la familia Armas reconozca que los indígenas han viviendo y trabajado durante más de 50 años en la comunidad. 2.-Que se respete los linderos de los comuneros que tienen título de propiedad ya que existe una manipulación de escrituras y extiende las dimensiones de propiedad en favor de la familia Armas. 3.- Que la familia Armas al decirse propietaria de la tierra, indemnice a la familia Ayala que ha vivido y trabajado durante 50 años.

La familia al no aceptar ninguna de la condiciones que en asamblea general tomó en la comunidad, generó mecanismos de hostigamiento, amenazas a los comuneros para que salgan de la tierra, entre esas prácticas de amedrentamiento utilizadas por la familia Armas y su abogado, era de llegar con malhechores e intimidar a los comuneros en horas de la noche, hasta que como nuevo mecanismo de hostigamiento familia Armas con respaldo policial quemó las viviendas de la familia Ayala con el argumento de que están en su propiedad.

A partir de esta cronología de hechos se evidencia como los indígenas en pleno siglo XXI son tratados con exclusión y desprecio, pero que lastimosamente, como el caso no es de interés público, ni mediático estas realidades son invisibilizadas.

Si bien el caso es complicado, se puede observar la inoperancia del Estado en materia de justicia, y más, el silencio de los medios de comunicación tradicionales que no cubren el hecho. En ese escenario, los medios de comunicación comunitarios se convierten en herramienta que tienen las comunidades para expresar las demandas y abusos. Nancy Fraser (1997) propondría que se debe generar una nueva esfera pública para que estas voces, que han sido relegadas, puedan también hablar para la trasformación de su realidad.