La renovación de frecuencias del sector privado, en contraposición a la celebración de concursos que solicitan los medios comunitarios, muestra la falta de voluntad del bloque oficialista en garantizar el derecho a la comunicación de los sectores populares. Este hecho obstaculiza la posibilidad de encaminarnos hacia una verdadera democratización de la comunicación. Si vinculamos estas decisiones a otras, como la aprobación de la Ley de Fomento Productivo, podremos comprender mejor hacia quienes se están direccionando las nuevas reformas.

Al comienzo de su mandato, el actual gobierno se comprometió a hacer cambios en muchas normativas que posibilitaran un reordenamiento institucional. En ese sentido, varios sectores, como el movimiento indígena y los medios comunitarios, acogieron favorablemente la posibilidad de reformar la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Cabe señalar que también hubo otros actores que preferían su derogación total, debido a que, aparentemente, existía una sobrecarga para controlar a los medios privados.

Cuando comenzaron las conversaciones vivimos una cierta apertura hacia la participación de todos los sectores involucrados. No obstante, pronto se notó que, por parte del ente responsable, la Secretaría de Comunicación (SECOM) presidida por Andrés Michelena, existía un claro direccionamiento hacia los intereses de los grandes medios privados, con quienes entabló numerosas reuniones.

Frente a ello, el sector comunitario de la comunicación se organizó para defender los planteamientos de quienes, históricamente, han sido marginados del espacio radioeléctrico. La CONAIE participó de este espacio junto a CORAPE, la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, el Churo, Signis, los productores audiovisuales, ALER, ALAI, Pressenza y Radialistas apasionados y apasionadas, además de otros colectivos. Esta confluencia dio lugar a una propuesta que fue presentada ante la Asamblea Nacional a través del asambleísta Elio Peña (Pachakutik), con incidencia directa dentro de la Comisión de Derechos Colectivos.

Tras el primer y segundo debate en la Asamblea, parecía que se iban a mantener muchas de las propuestas que surgieron desde el sector comunitario: la repartición tripartita del espectro radioeléctrico, la celebración de concursos de méritos para las asignaciones de frecuencias, una mayor precisión en la definición legal de lo que se considerará medio comunitario, así como la ejecución de acciones afirmativas para realizar las concesiones. Sin embargo, el 18 de diciembre de 2018, al momento de la votación, un bloque formado por Alianza País y el Partido Social Cristiano emprendió cambios de último momento en la normativa, consiguiendo que la nueva LOC retrocediera en materia de derechos.

Desde el movimiento indígena planteamos el mecanismo de asignación directa de frecuencias para los pueblos, nacionalidades y organizaciones representativas. La propuesta inicial del ejecutivo contempló esta realidad sólo para las nacionalidades, aumentándose en los debates posteriores también hacia los pueblos. Pero esta victoria cambió durante la votación. Asimismo, el pleno de la Asamblea Nacional incorporó una transitoria -la octava- que estipula que

Se renovarán por única vez las concesiones de frecuencias de radio y televisión, previo al informe jurídico y técnico sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los respectivos contratos de concesión y cuyo plazo hay vencido previo a la fecha de promulgación de la presente Ley en el Registro Oficial. Este informe jurídico y técnico estará a cargo de la autoridad rectora en materia de comunicación y deberá ser realizado, y sus resultados presentados en un plazo no mayor a 60 días a partir de la promulgación de la presente Ley en el Registro Oficial.

La renovación de frecuencias del sector privado, en contraposición a la celebración de concursos que solicitan los medios comunitarios, muestra la falta de voluntad del bloque oficialista en garantizar el derecho a la comunicación de los sectores populares. Este hecho obstaculiza la posibilidad de encaminarnos hacia una verdadera democratización de la comunicación. Si vinculamos estas decisiones a otras, como la aprobación de la Ley de Fomento Productivo, podremos comprender mejor hacia quienes se están direccionando las nuevas reformas.

A todo ello, sólo cabe anclar el discurso del Ministerio de Telecomuniaciones, dirigido por Guillermo León, quien ha señalado al sector comunitario como con poca capacidad de sostenibilidad. De igual forma, León ve al espectro radioeléctrico como infinito, instrumentalizando el discurso de la libertad de expresión, pero con una clara visión favorable a los monopolios de la comunicación, que ya han sido observados en reiteradas ocasiones por la Contraloría General del Estado.

Finalmente, el pasado 17 de enero, el ejecutivo emitió la “objeción parcial” al proyecto de reforma de la LOC, con la que supuestamente pretende realizar algunos reparos. La realidad es otra, la ratificación de la postura oficial: eliminar las acciones afirmativas, readecuar la transitoria octava y mantener la renovación automática de frecuencias. Todo ello limita la distribución igualitaria del espectro radioeléctrico, un buen del Estado que es de todos y todas. Cabe reconocer los cambios en la objeción parcial a los artículos 106, 107 y otros.