El nuevo plan para CNT abre la puerta a la cesión privatizadora de los demás sectores estratégicos del Ecuador, mientras que la Ley de Fomento Productivo proporciona el marco legal para sus capitalizaciones. Frente a esta arremetida de la oligarquía, las organizaciones de campesinos, indígenas y trabajadores han decidido levantar un proceso de movilización al que nos adherimos, pues entendemos que la lucha es imprescindible para la construcción de una sociedad que se gobierne para todos.

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) es la empresa pública más rentable de nuestro país, pero será puesta al remate en las próximas semanas. Su concesión se llevará a cabo en el marco de la segunda fase de la Ley de Fomento Productivo, cuyos objetivos ulteriores son instalar la flexibilización laboral, masificar la precariedad laboral y disminuir el ejercicio regulador del Estado. Es decir, valorizar el capital mediante la reinstalación de un modelo económico neoliberal tradicional. En este contexto, y para allanar el campo al sector privado, CNT y las telecomunicaciones fueron observadas en el Plan de Perfeccionamiento Estatal (PPE), que prevé varios procesos, como la liquidación, la fusión y concesión (llamada maximización) de empresas públicas.

Este proceso contradice las viejas prácticas neoliberales que se aplicaron en la década de los noventa en el país: para poder justificar su transferencia al sector privado, las empresas públicas debían aparecer como ineficientes. Así, gobiernos como los de Sixto Duran Ballén, Jamil Mahauad o Lucio Gutiérrez, aliados del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), alentaron la desinversión pública en nombre del encogimiento del Estado, afectando tanto a empresas como al sector educativo, de salud y seguridad social.

Las dos últimas décadas no han sido la excepción. El gobierno de Rafael Correa, mediante su vicepresidente Jorge Glas, diseñó un plan de privatizaciones de industrias fundamentales, como las hidroeléctricas y refinerías.  No sólo eso, sino que otras empresas públicas, de lo más variadas, fueron concesionadas o liquidadas, como el Hotel Quito, TAME, ENFARMA, FABREC, etcétera.

Desde que Lenin Moreno asumiese el ejecutivo, los ideólogos del neoliberalismo ecuatoriano, instalados dentro y fuera del gobierno, como Santiago Cuesta, Mauricio Pozo, Andrés Michelena y los ministros cercanos a las cámaras de producción, han establecido la imperiosa necesidad de “maximizar” las utilidades de las empresas públicas, vendiéndolas o liquidándolas. Y aunque oficialmente se insiste en que CNT no será puesta a la venta, la realidad es que se realizará una concesión particular de la administración por veinte años, lo que revela su clara intención de beneficiar al capital transnacional privado. 

Aunque no sabemos si el dinero de la concesión se convertirá en gasto de inversión o en gasto corriente, los compromisos de Davos con el FMI y demás corporaciones apuntan en una misma dirección: sacrificar los sectores más empobrecidos de nuestro país, eliminar subsidios, estancar salarios, privatizar bienes y servicios públicos, y desacelerar la inversión social a cambio de unos cuantos dólares que retornarán a las burguesías importadoras, agroexportadoras y especulativas.

El primer estrago que causará la privatización de CNT será la reducción de su nómina laboral que, a decir de Santiago Cuesta, consejero del gobierno, se realizará mediante la figura del despido intempestivo y con sus haberes cancelados. Habrá que agradecerle al señor Cuesta su buena voluntad para que los trabajadores perciban lo que por derecho les corresponde. Sin embargo, cabe recordarle al consejero que, según la legislación laboral vigente, el principio más importante que subyace es el derecho protector, que prioriza la estabilidad laboral y cuya función es amparar al trabajador frente a aquellas normas más lesivas.

Por otro lado, recientemente el presidente Lenin Moreno asistió al Foro Económico de Davos, donde se encontró con sus aliados connaturales y acólitos en su afán de crear un modelo de pobreza y de profunda brecha social. Luis Alberto Moreno, presidente del BID, Christine Lagarde, gerente del FMI, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), y un grupo de técnicos de las mayores corporaciones, recibieron al presidente Moreno y a su delegación, conformada por el ministro de Economía Richard Ramírez y por el ministro de producción Pablo Campana (autores intelectuales de la Ley de Fomento Productivo, para acordar un plan de largo alcance que permitirá obtener créditos e inversiones para, entre otros aspectos, abonar el pago de la deuda externa y destinarlo a la inversión de los sectores empresariales. Entre los asistentes a Davos también estuvo la corporación financista Guggenheim Partners, cuyo capital de inversión en el mundo es de más de 270 billones de dólares (sin tomar en cuenta la tasa de ganancia que genera por estas inversiones), es decir, 7 u 8 veces más que el PIB actual del Ecuador.  En este contexto creemos que será muy complicado mantener el ejercicio rector del gobierno sobre este bien patrimonial estratégico.

Regresando a CNT, según Cuesta el gobierno actual recibirá más beneficios que los planteados por la administración Correa, cuando se ofertó el 49% de sus acciones a cambio de 700 millones; para el consejero, la concesión de las telecomunicaciones podrá lograr el 25% de utilidades más la inversión total.

El nuevo plan para CNT abre la puerta a la cesión privatizadora de los demás sectores estratégicos del Ecuador, mientras que la Ley de Fomento Productivo proporciona el marco legal para sus capitalizaciones. Frente a esta arremetida de la oligarquía, las organizaciones de campesinos, indígenas y trabajadores han decidido levantar un proceso de movilización -que ya se ha cobrado los primeros heridos y reprimidos- al que nos adherimos, pues entendemos que la lucha es imprescindible para la construcción de una sociedad que se gobierne para todos.