El próximo 20 de diciembre la Central no sólo se juega la dirección del gobierno universitario, sino también un modelo de universidad para el futuro. La elección entre un Plan Bolonia criollo, donde las empresas tengan cada vez más peso económico y la única reacción ante la adversidad sea agitar banderas, o una propuesta madura, exigente y de largo alcance capaz de meterse en el barro para defender lo público allá donde se toman las grandes decisiones.

Hace alrededor de dos semanas, la comunidad universitaria ecuatoriana recibió la terrible noticia de que la proforma anunciada por el gobierno de Lenín Moreno para el próximo año incluía una reducción presupuestaria de la educación superior. Aunque la respuesta en las calles no se hizo esperar -dos marchas apartidistas planteadas por estudiantes de la Universidad Central del Ecuador (UCE)-, esta ha sido mucho menos contundente que en otras partes del continente. Incluso en Colombia, país donde nunca ha habido gobiernos progresistas, se han sucedido semanas de movilizaciones combativas contra estos recortes.

Una de las razones de esta apatía puede ser la falta de tradición de lo público en Ecuador, donde la acción comunitaria, privada y las ONG han tenido que sustituir al Estado en los muchos lugares donde no llega. Las mingas o las cooperativas de transporte, lejos de demostrar algún tipo de empoderamiento de los de abajo, dan claras muestras del prestigio que aquí alcanza la idea de que toda participación estatal en la vida pública es una injerencia indeseable. Sólo así puede entenderse que, en las vigentes elecciones al Rectorado de la UCE, tres de las candidaturas en liza pudieran presentarse con un programa privatizador sin que al grueso de los estudiantes les llamara la atención.

Es cierto que el primero de estos movimientos, Unidad Universitaria, recibió un respaldo menor, pero durante la campaña electoral su candidato inauguró la unidad de rehabilitación veterinaria Zoetis, auspiciada por la empresa del mismo nombre y una de las mayores multinacionales de la farmacología animal.

Sin embargo, quien sí recibió un apoyo considerable fue la candidatura Adelante UCE. Su líder, Patricio Espinosa, expuso públicamente -tanto en medios de comunicación como en debates universitarios- que bajo su hipotético gobierno se educaría a los estudiantes para ser emprendedores, mas no trabajadores, o lo que es lo mismo, convertiría la universidad pública en una fábrica de empresarios. Del mismo modo, una de sus propuestas estrella fue introducir en el campus a la industria alimenticia privada creando patios de comida, al tiempo que prometía la reducción de presupuesto público y aumento de los fondos de autogestión, liberando al Estado de su responsabilidad histórica con la educación de los más. El gran apoyo que Espinosa recibió por parte de los estudiantes demuestra cuán arraigada está la cultura empresarial entre los más jóvenes, seducidos por la idea de transformar el campus en un centro comercial.

Con todo, Adelante UCE no pasó a la segunda vuelta. Quien sí lo hizo fue Consenso Universitario, un movimiento que incluye a diferentes corrientes, pero entre las que destacan miembros del partido político Unidad Popular (MPD). No en vano, según el diario El Universo una de sus candidatas a vicerrectora se presentó a las primarias del MPD en el año 2008, y su pretendido rector ha sido apoyado públicamente por dirigentes del partido vinculados a los gremios docentes y estudiantiles. Más allá de su deficiente pasado como gestores de la educación pública, el errático devenir de Unidad Popular ha quedado demostrado recientemente en su apoyo electoral a Guillermo Lasso, un candidato de la patronal y beneficiario del dolor y del hambre del pueblo ecuatoriano durante el feriado bancario. A pesar de su retórica de izquierdas, también apoyaron la consulta popular que sirvió para legitimar las políticas neoliberales de Lenin Moreno.

La esquizofrenia política de la que son garantes -un discurso radical y una práctica reaccionaria- también se ha trasladado a la Central, y algunos de los que actualmente integran Consenso Universitario proceden del movimiento Nueva Universidad, otrora nutrido de militantes de Alianza País. Así lo demuestra la presencia de Carlos Muñoz el día de las elecciones en la carpa del movimiento, exconsejero de Igualdad Intergeneracional y acusado de haber participado en un apuñalamiento a estudiantes opositores en 2015. Por todo ello, ¿a quién le puede sorprender que en estas elecciones universitarias propongan, al mismo tiempo, la defensa del presupuesto público y la privatización a través de alianzas con el sector empresarial y una oferta académica acorde a los dictámenes del mercado?

Las únicas dos candidaturas al Rectorado de la Central que en ninguno de sus discursos o programas ha anunciado la colaboración con la empresa privada fueron Tercera Reforma Universitaria, que no superó el corte de la primera vuelta, y el rival de Consenso Universitario en la próxima cita democrática, Universitarios en Movimiento. Esta última, está encabezada por el actual rector de la Central, quien en distintas reuniones con el gobierno consiguió que Moreno rectificara y prometiera dar marcha atrás a los recortes, no sin la indispensable presión de los estudiantes en las calles.

El próximo 20 de diciembre la Central no sólo se juega la dirección del gobierno universitario, sino también un modelo de universidad para el futuro. La elección entre un Plan Bolonia criollo, donde las empresas tengan cada vez más peso económico y la única reacción ante la adversidad sea agitar banderas, o una propuesta madura, exigente y de largo alcance capaz de meterse en el barro para defender lo público allá donde se toman las grandes decisiones.