A poco más de una semana de haber sido elegido, el nuevo gobierno demuestra que sus promesas de campaña serán totalmente ignoradas, y que la política real en un país como Brasil se hace con alianzas entre las élites políticas y económicas. El discurso de una nueva política hecha de mano dura y buenas costumbres ya se ha esfumado frente a la realpolitik.

El olor a derrota que se sentía en la izquierda brasileña a lo largo de toda la campaña electoral, pero sobre todo en la segunda vuelta, no mentía. Jair Messias Bolsonaro (PSL) ganó la presidencia de la república con el 55,13% de los votos, en contra de Fernando Haddad (PT), que sacó un 44,87%.

A pesar del varapalo, el Partido de los Trabajadores (PT) aún sigue siendo hegemónico en la izquierda, además de tener el mayor número de escaños en el congreso nacional. Pese al desgaste natural por haber estado en el poder ejecutivo por casi cuatro mandatos consecutivos, a los escándalos de corrupción y a una campaña mediática negativa, el PT es la segunda mayor fuerza política del país. La fuerza del partido -sobre todo gracias a su líder histórico, Lula- no ha sido subestimada por Bolsonaro ni por los sectores de derechas que lo quieren fuera de la escena para siempre.

El efecto priming que favoreció la victoria de Bolsonaro y su discurso antipolítico de reinicio del sistema, mezcla un sentimiento anti-PT con un oportuno binomio entre corrupción y crisis económica que se venían diseñando desde hace años. De hecho, una vez que ha sido declarado vencedor, el nuevo presidente, que tomará posesión en enero de 2019 sustituyendo a Michel Temer, todavía sigue utilizando la misma retórica. A mes y medio de jurar el cargo, Bolsonaro ya está montando su equipo de transición y cuadro de ministros. Pero, hasta ahora, entre algunos de los nombres confirmados hay personajes polémicos que incluso se encuentran involucrados en casos de corrupción.

Entre los confirmados está el juez federal Sergio Moro, para el nuevo ministerio que unirá el de Justicia y Seguridad Pública. Él es el responsable de enviar a prisión a Lula y, durante la campaña electoral, hizo todo lo posible para que el expresidente no “interfiriera” en las elecciones. Moro llegó a realizar llamadas telefónicas desde el extranjero para evitar que otros jueces y la policía intervinieran a favor de Lula en su petición de habeas corpus. La gestión del proceso en contra de Lula y de otros investigados en la operación Lava-Jato es tan sui generis que el campo jurídico brasileño se encuentra dividido, puesto que nunca se han tratado casos similares de la forma en la que Moro los está conduciendo. De hecho, muchos no dudan el afirmar que, independientemente de si Lula es culpable o no, el modus operandi del proceso presenta fuertes indicios de persecución política desde su inicio. Además, el juez ha filtrado a la prensa conversaciones telefónicas comprometedoras del gobierno de Dilma, lo que ha favorecido el desgaste de su partido. Los materiales que deberían servir como pruebas judiciales, están siendo utilizadas políticamente antes de que se dicte sentencia. Algunos críticos afirman que la aceptación del cargo por parte de Moro es la legitimación de sus “prácticas procesuales selectivas”. Otros, afirman también que su objetivo es llegar a ser nombrado ministro vitalicio en el Supremo Tribunal Federal o disputar la presidencia de la República en el futuro.

Otro de los nombres polémicos es el del próximo ministero del Interior, Onyx Lorenzoni, que admitió haber recibido donaciones ilegales para campañas electorales de la empresa JBS, la distribuidora de carne más grande del mundo. Se trata de la misma empresa investigada por Sergio Moro por escándalos de corrupción en Brasil. Recientemente interrogado por periodistas sobre una supuesta doble moral en relación con el futuro ministro, el juez afirmó que no había ningún problema, ya que Lorenzoni “ya lo admitió y pidió disculpas”.

Un caso interesante es el del único senador que no ha logrado su reelección estando con Bolsonaro. Se trata del veterano Magno Malta, probablemente a cargo del Ministerio de la Familia. El senador está siendo investigado por haber gastado, en solamente dos gasolineras, el equivalente a 105.593 litros de combustible, lo que en teoría le permitiría recorrer más de 1.000.000 de kilómetros en carro, o lo que es lo mismo, lo suficiente para viajar más de 2.300 veces entre Quito y Guayaquil, o dar 25 vueltas al mundo.

Está también el caso del astronauta brasileño Marcos Pontes para el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pontes es un militar que tuvo una brillante carrera en la NASA, y fue el primer y único brasileño en haber ido al espacio. El científico ha sido investigado por haber hecho una sociedad con una empresa que vendía “chatarra espacial”, algo ilegal en Brasil.

Por último, está el caso de Paulo Guedes, gurú y economista de Bolsonaro, que integrará un nuevo “super ministerio” resultante de la fusión entre Hacienda, Planificación y Comercio. Guedes, con una visión económica neoliberal, es considerado un Chicago boy. Fue profesor en la Universidad de Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet, e hizo su máster y doctorado en la Universidad de Chicago. Guedes tiene una carrera envidiable para muchos, habiendo sido cofundador y socio de grandes empresas, think tanks, bancos y fundaciones. Sin embargo, también está siendo investigado por haber gestionado fondos de pensiones de forma indebida.

A poco más de una semana de haber sido elegido, el nuevo gobierno demuestra que sus promesas de campaña serán totalmente ignoradas, y que la política real en un país como Brasil se hace con alianzas entre las élites políticas y económicas. Lo nuevo perece frente a la necesidad de seguir viejas prácticas. El discurso de una nueva política hecha de mano dura y buenas costumbres ya se ha esfumado frente a la realpolitik. Bolsonaro lo prometió, pero sabe que no puede gobernar con nombramientos puramente técnicos, sin la negociación de cargos entre partidos como trueque para el apoyo en el Congreso Nacional.

Es probable que el “bolsonarismo” se derrita naturalmente, y fragmente a la derecha posibilitando nuevos liderazgos en los próximos cuatro años. Van a tener que lidiar con las contradicciones entre las expectativas de una opinión pública que no quiere un fisiologismo político, pero que pretende resultados tangibles para mantener y mejorar su calidad de vida. Además de este conflicto, está también una oposición fuerte en el legislativo, que está radicalizando su discurso y revigorizando la izquierda. ¿Sabrán los nuevos jugar según las reglas de la política real? ¿Serán fieles a las estrategias del partido y líderes consolidados, aunque eso implique ir en contra de sus principios? ¿Aceptarán un liderazgo establecido, serán independientes, o intentarán remplazar a los viejos caciques? Estas son algunas de las preguntas a las que el nuevo gobierno tendrá que enfrentarse a lo largo de su primer mandato.