La producción pesquera es una actividad informal muy común en Puná. Su producción comunitaria compite con los intereses del capital, la delincuencia común y los dueños de los buques pesqueros que ansían la ruptura de la propiedad comunal. Una pugna que se produce, precisamente, porque supone un modelo sustentable que beneficia a la comunidad, y no a las oligarquías nacionales.

Uno puede pensar que, en la provincia del Guayas, por su individualismo, clientelismo empresarial y populismo político, ya todo está condenado en el escenario de la economía solidaria. El trabajo autónomo de las capas populares, impedido en lo rural -por la desorganización, despolitización, destécnificacion y dominación colonial- y perseguido en lo urbano -por la monopolización del mercado a partir de la privatización de los espacios públicos y la gestión urbanística neoliberal del municipio de Guayaquil-, se produce como posibilidad real de liberar los recursos y los mercados para los trabajadores.

En Guayaquil, el trabajo autónomo e informal ocupa el 44% de las familias con estudios primarios y secundarios, el 46% se corresponde a trabajadores con relación de dependencia empresarial entre familias que han cursado estudios superiores, y el 10% es ocupación laboral relacionada con el Estado. En estas circunstancias, el trabajo autónomo, esté organizado de forma individual, familiar o comunitario, se vuelve atípico y antiestético en un plano urbanístico. La explotación laboral, la pérdida de capacidad adquisitiva y la corrupción de lo público encierra a los sectores populares en un círculo vicioso del que no pueden salir. Por ejemplo, el boom de los “taxi ruta” y ejecutivos, en muchos casos se suma la necesidad de autonomía económica de una clase oficinista que se emancipó de la promesa de bienestar dependiente de la empresa o del Estado.

En muchos, a esta necesidad de autonomía económica se suman los problemas sociales emanados de la desintegración familiar, y en la zona urbana, la pérdida del sentido de comunidad y vecindad. Estos factores profundizan la mercantilización de las relaciones sociales y familiares a niveles de una individualización explosiva que decanta en violencias. Que 2000 personas se reuniesen a las tres de la tarde para linchara unos supuestos secuestradores en Posorja, no fue sólo por culpa de un rumor, sino que hay que encontrar sus causas en los problemas económicos y sociales insultantes y crecientes de aquellas parroquias.

En la individualidad estructural del Guayas urbano-rural, la primera causa que parecería hacer imposible una comuna autónoma es la situación de exclusión económica y social del trabajo informal, negando su legítimo derecho a la propiedad y a la ciudad; es decir, al mercado. En otras palabras, las constantes invasiones y el tráfico de tierras comunales aparecen como el único conflicto en la zona rural, invisibilizando el problema del trabajo informal.

En Puná, la isla mayor del Golfo de Guayaquil, el mercado camaronero comunal está permanentemente en disputa, entre otras cosas, por la propiedad de la tierra, pero, sobre todo, por el litigio entre el Estado, los comuneros y la empresa privada que invade, despoja y se apropia de tierra. Las condiciones de desarrollo a favor de la producción comunal del camarón cambiaron parcialmente gracias a la intervención del Estado en el 2010, cuando se concesionaron 130 hectáreas de camaroneras situadas en playas y bahías en beneficio de las economías familiares, asociativas y comunales. Esta intervención ocurrió juntamente a la exploración de gas en el Golfo, lo que puso en entredicho las verdaderas intenciones del gobierno, ya que realmente pretendía extraer gas con PDVSA sin la consulta y participación de las comunas. En este contexto, la isla recibió muchos recursos en obras, bienes y servicios canalizados a través del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) parroquial, ministerios y, en menos proporción, por el Municipio de Guayaquil.

Sin embargo, los problemas todavía persisten. En los últimos meses la disputa por la tierra se agravó con el operativo de desalojo ocurrido el 7 de agosto, que movilizó a 300 policías y 25 embarcaciones bajo el mando del coronel Bolívar Tello Astudillo, Director de Control y Orden Público del Ministerio del Interior. También estaban los comisarios de policía de Juján, Durán Playas, Milagro y dos agentes fiscales. Los acompañaba el beneficiario del desalojo: Fernando Rosero, con sesenta civiles a sus órdenes que llegaron en sus propias embarcaciones. Se presume que Rosero tenía contacto con el entonces ministro del Interior, Mauro Toscanini.

Se desalojaron los predios ubicados en el sector de la comuna ancestral Río Hondo y La Flor de la Isla Puná, así como la propiedad de Segundo Reyes Gonzabay, empresario camaronero oriundo de la isla. El operativo se realizó con uso excesivo de la fuerza pública, los trabajadores y comuneros fueron amenazados y maltratados físicamente por los oficiales de policía. En el operativo fueron detenidas catorce personas, mujeres, trabajadores, comuneros, guardias de seguridad de la camaronera de Reyes. Ningún medio de comunicación cubrió el hecho y apenas por redes sociales se dio a conocer el hecho.

Este suceso sólo confirma la situación de inseguridad en la que viven los habitantes de Puná. Por un lado, están expuestos a la violencia ejercida por el Estado, y por otro, viven en constante zozobra por los grupos delincuenciales que recorren la zona. Y pasa que, cuando las tensiones del abandono, abuso de poder y miseria económica mutan en agresiones a terceros que invaden los territorios con la complicidad de la prensa y los grupos de poder económicos, los seres rurales son considerados bárbaros sin civilizar. Los comuneros que se dedican a la pesca y que trabajan en las camaroneras se enfrentan permanentemente a varias situaciones de violencia: por ejemplo, en el trayecto a Guayaquil son asaltados por piratas que se llevan toda su producción y combustible, dejándolos varados en el mar; o deben lidiar con la sobrepesca de bolicheros que desplazan de las ocho millas a las pequeñas pangas de las comunidades pesqueras. Por ello, es común que las embarcaciones lleven gente armada y encapuchada para proteger los cargamentos.

En resumen, la producción acuícola en Puná es la primera producción comunitaria autónoma que compite con los intereses del capital, modelo que está siendo continuado por otras comunidades de la zona como Buena Vista que, a diferencia de Salinerito de Guaranda, tiene como centro de poder a la comuna y no a la Iglesia. Por ello, este sistema sustentable, que beneficia principalmente a la comunidad y no al capital, es atacado por los grupos de poder y cámaras de empresarios pesqueros, que ansían quebrar la propiedad comunal.