PROTESTA FABREC

Fabrec: La lucha sindical frente a la liberalización de lo público

La empresa pública Fabrec tiene como plazo de liquidación hasta 2021. Desde hace seis años produce y provee de textiles y calzado a la policía ecuatoriana. En ella laboran, aproximadamente, 450 trabajadores, que recientemente han recibido el pago de sus salarios seis meses adeudados. Aún se desconoce si las deudas patronales, los aportes al IESS, la cobertura médica y el pago de dividendos han sido ya cancelados.

El pasado 10 de abril, el presidente Lenin Moreno anunció -además de un paquete de recortes y achicamiento del Estado, fusión de varios ministerios y despido de trabajadores- un proyecto para reestructurar las empresas públicas. El Proyecto de Perfeccionamiento Empresarial (PPE) marca, actualmente, la ruta del funcionamiento de buena cantidad de empresas a cargo de la administración estatal. Algunas de éstas serán sometidas a liquidación inmediata, entre ellas, Cementera Nacional y Enfarma. Otras, cerrarán en 2012: Ecuador Estratégico, Yachay EP y Fabrec EP.

Un segundo bloque de empresas será fusionado. Un tercero, según la información provista por el gobierno, serán “maximizadas y estabilizadas” (a pesar de la grandilocuencia de los términos, no conocemos los mecanismos a través de los que se realizarán estas operaciones). Finalmente, un último grupo se someterá a “alianzas estratégicas”, es decir, serán puestas a licitación para la venta accionaria particular. Resumiendo: se reducirán de 22 a 15 empresas públicas, se cerrarán cinco y se fusionarán cuatro.

Esta política de administración de las empresas públicas reviste una clara intención privatizadora y reductora del ejercicio rector del Estado sobre ellas. Aunque no deja de ser indignante, no sorprende, pues continúa la línea marcada por el Código de Fomento Productivo y de otras medidas de ajuste tomadas semanas atrás.

El gobierno no sólo es que no haya profundizado sobre la situación de las empresas públicas afectadas, sino que la información sobre este plan es inaccesible. Ello impide, por ejemplo, conocer la situación financiera real de estas compañías y si su privatización o cierre están justificadas. Tomando como referencia el PPE, es pertinente pensar en dos causas probables para llegar a tal dramática decisión: por un lado, la ineficiencia estatal, y por el otro, el boicot del mismo gobierno para argumentar la liquidación o transferencia. Si el Estado es ineficaz de manera voluntaria o por candidez empresarial no lo sabemos. Lo que sí estamos seguros es de que el resultado apuntala un modelo económico propuesto por un potente bloque oligárquico que traerá resultados cada vez más perjudiciales para los sectores populares, y que son históricamente conocidos: despidos, desempleo y precarización.

Como ya hemos dicho, de entre aquellas que tienen como plazo de liquidación hasta 2021 se encuentra Fabricamos Ecuador Empresa Pública (Fabrec). Esta es una factoría que produce y provee de textiles y calzado a la policía ecuatoriana desde el 2012. En ella laboran, aproximadamente, 450 trabajadores, que recién el pasado 11 de octubre recibieron el pago de su salario represado durante seis meses. Aun no conocemos si las deudas patronales, los aportes al IESS, la cobertura médica y el pago de dividendos han sido ya cancelados.  Sin embargo, es crítico que el gobierno adeude a sus trabajadores y posea moras patronales.

Esta empresa, que ya sólo produce los uniformes de forma parcial, realizaba esta actividad con un protocolo que le permitía garantizar medias de seguridad para limitar el uso indebido de dotación policial en actos delincuenciales. Los proveedores de la misma materia prima tienen ciertas condiciones para que la producción del textil permita verificar formas de seguridad. Según Diego Páez, secretario de Actas y Comunicación del sindicato de Fabrec, una vez sea liquidada la empresa no se conoce la forma en que se actuará para garantizar estas condiciones. Asimismo, la información que los empleados han recibido ha sido insuficiente, e, incluso, para poder cobrar sus salarios han tenido ellos mismos que formalizar documentos que correspondía elaborar al gobierno.

El ministro Pablo Campana, del recientemente fusionado Ministerio de Producción e Industrias, es hoy el presidente del directorio de Fabrec, y estuvo a cargo de la designación de Víctor Crespo como gerente de la empresa. Sin embargo, aunque la compañía cuenta con un esquema orgánico de funcionamiento, y aun cuando se han realizado reuniones para eliminar las tensiones entre trabajadores y directiva, todavía no se ha informado a los empleados de la forma en que se realizará su transición y liquidación, que al parecer podría suceder antes de lo previsto, pues actualmente ya hay varias máquinas embaladas para su traslado.

Esta situación provoca en los empleados una condición de inestabilidad absoluta, pues no saben qué sucederá con su trabajo en los próximos meses, ni si sus salarios y derechos laborales serán respetados a tiempo. Es muy probable que acaben ingresando las ya largas filas del desempleo en nuestro país, aumentando la angustia de estas familias que sobrevivieron seis meses sin sueldo y con una dieta alimenticia insuficiente, como informó Rocío Criollo, trabajadora de Fabrec durante los últimos nueve años.

La reestructuración de las empresas públicas estará a cargo de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP), que también será liquidada tras ello. Sin embargo, ni Edisson Garzón, presidente de EMCO, ni el “ministro empresario” Campana, han dado información clara y precisa sobre un proceso que, al contrario de optimizar, provoca una crisis social y deja más incertidumbres para los más pobres de nuestro país.

Afortunadamente, gracias a la acción movilizadora del sindicato, el jueves 11 de octubre se logró el pago de salarios de 450 trabajadores, gracias a un plantón frente a la plataforma financiera del gobierno.  Nos preguntamos, ¿cuántos casos de estos está enfrentando el gobierno y la empresa pública, después del anuncio de eficiencia y optimización?

 

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Jacqueline Artieda

Obrera de la educación, socióloga y roja en todo lugar donde la explotación habite.