La premisa de que Ecuador pasó “de la mordaza a la libertad” en diecisiete meses no puede ser verdadera hasta que no se aprueben las reformas propuestas por el sector comunitario, ni hasta que se tomen en cuenta las recomendaciones que el relator David Kaye redactó en su informe preliminar.

La visita a Ecuador del relator de la ONU para la libertad de expresión, David Kaye, deja grandes retos para el poder ejecutivo. No obstante, y según declaró este, el presidente Lenin Moreno comparte la misma visión sobre la libertad de prensa y pudo constatar -dijo- que en los seis días que duró su estadía existía un ejercicio periodístico menos coaccionado. Sin embargo, ¿es verídica y palpable esta realidad?

En los últimos días, el presentador de noticias Mauricio Ayora, trabajador del canal incautado TC Televisión, fue suspendido durante quince días por denunciar al aire supuestos atropellos que habría recibido por parte de los bancos de los que es cliente. El profesor de la universidad pública IAEN, Fernando Casado, fue despedido tras criticar al gobierno de Lenin Moreno y apoyar al gobierno de Nicolás Maduro en televisión. Sin olvidar que hace seis meses un equipo periodístico del diario El Comercio fue secuestrado y asesinado por hacer su trabajo, y que, hasta el momento, los familiares de las víctimas aún continúan reclamando al gobierno respuestas sobre lo ocurrido. Entonces, si no hay garantías de seguridad para ejercer el periodismo u opinar en los medios, ¿bajo qué indicadores medimos la libertad de prensa y expresión?

En junio del 2013, durante el gobierno de Rafael Correa, se aprobó la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), cumpliendo con la disposición de la Asamblea Constituyente y haciendo caso al mandato de la consulta popular de 2011. Esta normativa fue criticada por varios sectores y tachada de “Ley mordaza”, entre otras cosas, porque estableció la creación de SUPERCOM y CORDICOM con la finalidad de regular los contenidos de los medios y garantizar el cumplimiento legal. Para muchos, ambos fueron organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control con capacidad sancionadora, que amenazaban la libertad de expresión.

A pesar de este panorama, la LOC no puede, ni debe, ser derogada. Por esos derroteros parece que va el debate que, en septiembre de este año, dio como resultado el primer informe del proyecto de reforma de ley, cuyo proceso no ha de significar una regresión, sino un paso adelante. En este sentido, el sector comunitario presentó su propuesta de reformas, por un lado, como freno a las voces inconstitucionales que pedían eliminar la ley y, por otro, para rebatir las intenciones del sector privado de precarizar el trabajo de los comunicadores, así como la eliminación tripartita y equitativa de frecuencias entre los tres sectores (público, privado y comunitario).

Con estos antecedentes arribó al país el relator David Kaye, quien al finalizar su visita presentó un informe preliminar. En este, y después de reunirse con el presidente Moreno, con varios ministros y con periodistas, formuló varias recomendaciones al gobierno. Kaye acogió con agrado las demandas del sector comunitario, y aseguró que el gobierno “tiene mucho por hacer para promover los medios independientes, la profesión del periodismo, y el desarrollo de medios comunitarios y públicos”. Además, calificó de “aparente” la “sólida protección de medios comunitarios y públicos”, agregando que lo establecido por la ley no se corresponde con la realidad. “Parece que el objetivo del 34% [de las frecuencias para el sector comunitario] no se ha alcanzado, y los grupos comunitarios creen que las instituciones religiosas se han beneficiado de una definición flexible de los medios comunitarios para adquirir un espectro para el que no están facultados”.

De acuerdo con la postura de las organizaciones sobre el fraudulento concurso de frecuencias, en el que se negó a los grupos comunitarios acceder a ellas por sus costos prohibitivos y por no cumplir los estrictos requisitos, Kaye instó “al gobierno a que no permita la renovación automática de las frecuencias actuales, lo que bloquearía las ganancias obtenidas por los actores oficiales y privados durante un proceso calificado por muchos como defectuoso”. Debido a que los medios comunitarios se presentan como una posibilidad de democratizar la comunicación, de acabar con los monopolios y la concentración de frecuencias, así como de dar voz a quienes históricamente han sido silenciados, invisibilizados e ignorados, necesitan apoyo económico y capacitación, máxima que también defendió el relator.

De esta forma se han vivido estos últimos días, y la participación del relator ha enriquecido el debate alrededor de la LOC. Tras el encuentro, vale identificar cuáles son los verdaderos desafíos para los comunicadores -y la ciudadanía- en este contexto. Al mismo tiempo, la premisa de que Ecuador pasó “de la mordaza a la libertad” en diecisiete meses no puede ser verdadera hasta que no se aprueben las reformas propuestas por el sector comunitario, ni hasta que se tomen en cuenta las recomendaciones de David Kaye en su informe preliminar.