Por: Nayra Chalán

A 50 años de la matanza de Tlatelolco, “ni perdón, ni olvido” es un grito que no se ha logrado apagar. Hoy aún nos quedan incertidumbres sobre los culpables de los intentos de exterminio del movimiento estudiantil. ¿Quiénes estuvieron detrás de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014? ¿Quién será juzgado por el asesinato de estudiantes, este año, en la Nicaragua de Daniel Ortega?

El 02 de octubre de 1968, diez días antes de que se inaugurasen los Juegos Olímpicos con sede en México, la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco fue la tumba del pliego petitorio en la que cientos de cadáveres de estudiantes y trabajadores fueron el adorno del gobierno de Gustavo Días Ordaz (1964-1970). Este fue el resultado de su intento de apagar un movimiento estudiantil reivindicativo, que creció al calor de demandas como la libertad para los presos políticos y la derogación del artículo 145 del entonces código penal, que condenaba las ideas que “perturbaban el orden público”.

A 50 años de aquello, “ni perdón, ni olvido” es un grito que no se ha logrado apagar. En este medio siglo, desaparecidos y asesinados cuyas cifras ni siquiera son exactas, suponen la expresión más clara de la alfombra roja por la que la historia de México camina, tejida puntada a puntada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Mientras que la matanza de Tlatelolco no encuentre justicia, el entramado de esta alfombra crece más y más, sumando pupitres vacíos y sueños interrumpidos.

Entre los intentos de darle justicia a las vidas de estos estudiantes y obreros, en 2006, un juez federal ordenó la detención del quien luego fuera presidente, Luis Echeverría (1970-1976), después que  la  fiscalía especializada para movimientos sociales y políticos del pasado (FEMSPP) presentara cargos por organizar, supuestamente, grupos paramilitares contra la disidencia. No obstante, más tarde fue liberado bajo el argumento de que el delito había prescrito. Luis Echeverría era secretario de Gobernación -ministro de Interior- cuando, el 2 de octubre de 1968, el ejército reprimió violentamente el mitin estudiantil de Tlatelolco.

La participación estudiantil en la vida política ha sido limitada. Ni en su espacio natural, la educación, han tenido participación real en la toma de decisiones. En momentos en los que la “conciencia para sí” es determinante, la violencia de Estado es el mecanismo para controlarla. Gustavo Gordillo, delegado de la Escuela Nacional de Economía en ese entonces, y sobreviviente a la matanza de Tlatelolco, relató: “nos decían ‘ustedes son el futuro del país’, pero se nos niega sistemáticamente cualquier oportunidad de actuar y participar en las decisiones políticas del presente… Nosotros queremos y podemos participar ahora, no cuando tengamos sesenta años”.

La vía reformista ha demostrado a lo largo de la historia que no ha sido el mejor camino por el que las reivindicaciones y las luchas hayan tenido éxitos considerables. En palabras de Josep Fontana, “si para alguna cosa sirve la historia es para hacernos conscientes de que ningún avance social se consigue sin lucha”. La universidad pública, la autonomía, la libertad de cátedra o la gratuidad han sido logros conseguidos al calor del asfalto y con un costo fuerte: la vida de miles de compañeros en todo el mundo.

Así, el uso libertario del espacio público -las calles y plazas- implica una tentación de la memoria por redimir el asunto histórico del lastre que significa ser olvidado, ser pasado clausurado y sin vigencia. Y en ello, la memoria colectiva resulta ser la condición necesaria para la construcción de sociedades maduras. No así el olvido, donde se guardan las más grandes atrocidades cometidas por los poderosos contra la humanidad más débil y numerosa. El ejercicio del derecho a la protesta social, a la movilización estudiantil, es igual o más digno que el derecho a la educación, pues de ello deviene.

Hoy en día aún nos quedan incertidumbres sobre los culpables de los intentos de exterminio del movimiento estudiantil.  ¿Quiénes estuvieron detrás de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que, en 2014, cogieron un bus para asistir a la marcha anual en conmemoración de la matanza de Tlatelolco? ¿Quién será juzgado por el asesinato de estudiantes, este año, en la Nicaragua de Daniel Ortega? Como dije anteriormente, la urdimbre de la violencia estructural y del Estado tiene muy bien definido su objetivo, pero no así sus límites, mientras que el asesinato y desaparición de los estudiantes es la trama que avanza a buen ritmo.  Más allá de la búsqueda de justicia, una pregunta que, por desgracia, ya no ronda la mente de los estudiantes continúa, por el contrario, vigente: ¿Es necesario un movimiento estudiantil? Si es así, entonces, ¿cuál es su próximo reto?