Una delegación del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi – MICC encabezado por Leonidas Iza Salazar y su equipo de jurídico acudieron el pasado miércoles 3 de octubre a la audiencia ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) en el marco de su 169 periodo de sesiones para denunciar la criminalización que existe en Ecuador por ejercer un derecho Constitucional como lo es la administración de la justicia indígena.

La criminalización se expresa, según Leonidas Iza, en los casos de Chinaló Alto y la estafa masiva por criptomoneda Bitcoin: en el primer caso incluso incineraron la casa de los abuelos indígenas, por ejemplo. Desde entonces se han abierto 6 procesos en contra de Leonidas Iza y más para otros dirigentes.

La autoridad indígena está en la facultad de ejercer y aplicar la justicia indígena. Por ello, Leonidas Iza Salazar afirma que buscaron mecanismos para procurar la cooperación y coordinación con la justicia ordinaria, lo que no fue admitido por las autoridades correspondientes.

Para Esther Vargas “el fin de la justicia indígena es recuperar, restaurar la armonía y el equilibrio del sujeto involucrado, no como individuo sino como un miembro de un colectivo que necesita armonizar el medio desde una mirada integral, no parcializada”.

Luis Ernesto Vargas, segundo vicepresidente Comisionado de Colombia, demostró su inconformidad ante la contradicción  del accionar del Estado ecuatoriano que no reconoce las competencias constitucionales de los pueblos indígenas a pesar de que su Constitución es pionera en materia de derechos.

Finalmente la Relatora de los Pueblos Indígenas (Chile) Antonia Urrejola , manifestó su preocupación e interés  por visitar Ecuador en el próximo año para conocer esta realidad.

Fuente: MICC