Argentina: la comunicación en tiempos de neoliberalismo

Ava Gomez y Yair Cybel

Las nuevas directivas en materia de comunicación pretenden construir una industria en la que la comunicación –entendida como mercancía– cumpla una función meramente técnico-económica. El Estado deja de asumir la responsabilidad de garantizar la prestación y de estimular la democratización de la comunicación y prioriza el fortalecimiento de los actores más poderosos y su lucro. Es la victoria del negocio por encima del derecho.

El giro político a la derecha en varios países de Latinoamérica dio paso a una serie de reformas orientadas a retrotraer los marcos normativos de la comunicación al período previo a la década de los gobiernos progresistas. Estos sistemas, que se habían implementado en la primera década del 2000, eran eje de disputa política por promover un nuevo orden comunicativo que restaba peso a los grandes conglomerados, afines a las viejas élites económicas.

En Argentina, donde el Gobierno de Mauricio Macri es aliado fundamental de los mayores complejos de comunicación, se modificó de forma repentina el andamiaje institucional que había establecido la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), sancionada en 2009. Así, en diciembre de 2015 –antes de cumplir su primer mes de gestión– Macri promulgó el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15, orientado a reducir los límites a la concentración mediática y a favorecer la convergencia y la concentración empresarial.

A pesar de la oposición de diversos sectores,[1] el decreto eliminó el organismo de control autárquico creado por la LSCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), y lo sustituyó por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), dependiente del poder ejecutivo. Las transformaciones en materia legislativa, sumadas al achicamiento del Estado y a la desaparición de un importante número de grupos mediáticos vinculados a la oposición, reconfiguraron velozmente el escenario de la comunicación en el país. 

El nuevo gobierno se distanció desde el principio de las políticas públicas promulgadas durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Creó un Ministerio de Comunicaciones, bajo el mando de Oscar Aguad, levantó los límites a la concentración y facilitó la convergencia del sector de telecomunicación con el audiovisual. El Grupo Clarín fue el gran beneficiado, con la fusión entre Cablevisión y Telecom, a partir de la sanción del decreto 1340/16 sobre “comunicaciones convergentes”.

Pero las nuevas normativas en materia de comunicación que impulsó el macrismo trajeron consigo un notorio efecto adverso en el nivel de empleo y ocupación en el sector. Según los datos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), desde la asunción de Macri hasta finales de 2017 fueron 2.000 los despidos contabilizados solamente en la capital, un número que se duplica si se contempla todo el territorio nacional. 

“La política apunta a que cada vez haya menos voces: los medios públicos no les interesan, pero como no pueden eliminarlos, los vacían, les quitan funcionamiento, presupuesto y vida. Hay muchas emisoras en el interior del país que son simplemente repetidoras. En Télam, de 90 corresponsales echaron a 48. Es una muestra del poco interés en el federalismo y en la profesionalidad del periodismo que tiene esta gestión”, nos explica en exclusiva Fernando ‘Tato’ Dondero, Secretario General del SiPreBa.

Télam-Red-Kapari

Un hecho sintomático de las políticas de concentración y crecimiento del sector privado, en detrimento de los medios públicos, puede verse en la decisión del titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, de despedir a 354 trabajadores de Télam, la agencia nacional de noticias. Invocando la racionalidad administrativa, Lombardi declaró que con el recorte “ganó el periodismo” y, en un recurrente ejercicio de deslegitimación retórica, volvió a cargar los cañones contra el rol de los medios públicos al presentarlos como aparatos de propaganda cooptados por la administración anterior.

 Sin embargo, la movilización pacífica de los trabajadores, que acumulan 100 días de lucha, y la coordinada acción legal de la gremial SINTRAPREN, lograron que en días pasados se definiera por orden judicial la reincorporación de los trabajadores despedidos, reflejando una vez más la importancia de la unidad de la ciudadanía y de los trabajadores en la disputa para atajar las medidas neoliberales. “En Télam llevamos 100 días de conflicto. Actualmente, la situación está detenida por una serie de medidas cautelares de distintos juzgados, con resoluciones de primera y segunda instancia. Eso hace que las negociaciones se encuentren frenadas por la empresa, ya que no sabe con qué situación judicial va a encontrarse”, nos amplía Dondero. “Paralelamente, la patronal aplica descuentos salariales de manera arbitraria y hay compañeros que no han cobrado el sueldo. Incluso armaron una cablera paralela con gente que trabaja en pésimas condiciones laborales y con un material periodístico muy pobre”.

Esta perspectiva tiene su réplica en el fuerte impulso a las jubilaciones anticipadas y los retiros voluntarios que la gestión gubernamental impulsó en los medios públicos. La TV Pública y Radio Nacional son las principales víctimas de esta política de recortes “consensuados”, fundados en la perspectiva de un vaciamiento a corto plazo de las emisoras públicas.

El avance del ajuste macrista y, en particular, el cambio de concepción de la comunicación, que dejó de ser entendida como un derecho y un espacio público fortalecedor del pluralismo y la diversidad, son el resultado catastrófico del paradigma liberal aplicado a la comunicación. En este la ley se excluye al Estado de la potestad de regular las actividades de comunicación en el país. Lejos del equilibrio augurado, la liberalización y el laissez faire tienden ineludiblemente a acentuar el proceso de concentración en un mercado cada vez más convergente y con políticas públicas favorables a los grandes medios.

Las nuevas directivas en materia de comunicación pretenden construir una industria de receptores que mueva una cadena de valor en la que la comunicación –entendida como mercancía– cumpla con una función meramente técnico-económica. El Estado deja de asumir la responsabilidad de garantizar la prestación y de estimular la democratización de la comunicación y prioriza el fortalecimiento de los actores más poderosos y su lucro. Es la victoria del negocio por encima del derecho.

Los resultados del avance neoliberal en Argentina advierten de la fragilidad de los procesos políticos emancipadores y de las dificultades para lograr mutaciones en las estructuras de poder comunicacional. Sin embargo, la movilización ciudadana y la defensa de los medios públicos, visible en la lucha ejemplar de los trabajadores de Télam, evidencian que la idea de democratizar la comunicación sigue hoy más viva que nunca y que, a pesar de que el giro político en América Latina está dejando grandes retrocesos –después de casi una década de avances en el derecho a la comunicación en nuestras sociedades–, la derecha tiene todavía grandes retos que afrontar: el primero, una ciudadanía movilizada capaz de disputar en las calles lo que se le arrebata a puerta cerrada.


[1] La CIDH sostuvo una audiencia titulada “Derecho a la libertad de expresión y cambios a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina”. Allí el periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, y los académicos Damián Loreti y Martín Becerra, entre otros, señalaron que las reformas por decreto al sector de la comunicación quitaban autonomía a las autoridades y se oponían a los estándares del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

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Kapari Comunicación

Red de Comunicación Comunitaria Ecuador