Junto a la negociación por parte del gobierno, o su falta de voluntad para establecer un diálogo, deben clarificarse también cuáles fueron las medidas de seguridad laboral que el Grupo El Comercio ofreció al equipo periodístico desplegado para la cobertura de información en la zona de frontera.

El pasado 26 de marzo fue la última vez que el equipo periodístico de El Comercio fue visto en libertad. Con mayor precisión, en el último punto de vigilancia controlado por los militares ecuatorianos, a 1,5 kilómetros de la localidad fronteriza de Mataje, provincia de Esmeraldas. A las 19h30 del mismo día, el personal de Inteligencia contactó con el diario para informar sobre un posible secuestro.

Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra habían acudido a la zona siguiendo una historia, y como parte del seguimiento informativo en la población de frontera. Fueron secuestrados y asesinados por el grupo disidente de las FARC Frente Oliver Sinisterra, liderado por Walter Patricio Artízala, alias Guacho.

Han pasado seis meses y las dudas se mantienen. Cómo ocurrió el secuestro, cómo se llevó el proceso de negociación, en qué condiciones y cuáles fueron los protocolos que siguieron las fuerzas de seguridad ecuatorianas antes, durante y después de que ocurriese el asesinato, siguen siendo preguntas sin respuestas claras. Vale recordar que los ciudadanos Óscar Villacís y Katty Velasco fueron asesinados en similares condiciones entre mayo y junio, a manos del mismo grupo.

Desclasificar información que no debía ser clasificada

Se presumía que aquellos interrogantes se esclarecerían con la información contenida en seis sobres que las autoridades de Gobierno entregaron a los familiares, debido a que el presidente, Lenin Moreno, decidió desclasificar la información correspondiente al secuestro y asesinato del equipo periodístico. Esta documentación fue guardada por los familiares y, posteriormente, entregada al Equipo de Seguimiento Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de que fuese un grupo especializado el que iniciase el proceso de investigación.

Prácticamente, se entregaron cerca de 1.400 páginas de documentos que, lamentablemente, no sirvieron para alcanzar la ansiada claridad. No solamente por su cantidad, sino que la inutilidad de mucha de esa información no justificaba que la hubiesen declarado clasificada. Los familiares han sido quiénes han expuesto públicamente su indignación por este errático proceso.

El problema mayor es que la desclasificación de documentos correspondía a un momento de verdad, que los familiares y el Ecuador entero se merecían. Y que aún merecen, ya que, en la frontera norte, desde hace años, existe un conflicto soterrado provocado por las guerrillas y los paramilitares colombianos, que a su vez han involucrado al narcotráfico como su motor económico.

El impacto en la frontera es desolador. Una zona olvidada por el poder político, sin una planificación que encauce a sus habitantes a un proceso de desarrollo que mejore su calidad de vida. Seis meses después, aún no se ha dado paso alguno que pueda presagiar un cambio positivo en la gestión política de la zona. Queda claro, que la comunidad periodística se ha convertido en un pilar fundamental para que los familiares continúen su lucha por la verdad, no solo a través de la inclusión del tema en la agenda mediática, sino también con su permanente presencia en las vigilias que se instalaron en la Plaza Grande, frente al Palacio Presidencial.

Es fundamental que se esclarezca este crimen, por el bien del Ecuador y para que sus autoridades puedan mirar de frente a los familiares del equipo periodístico.

Las vulnerabilidades del ejercicio periodístico

Un tema que no es menos importante, y que no ha sido transparentado, es cuál fue el rol de El Grupo El Comercio en todo el proceso, fundamentalmente como patrono. Junto a la negociación del gobierno, deben clarificarse también cuáles fueron las medidas de seguridad laboral que acogían al equipo periodístico desplegado para la cobertura de información en la zona de frontera.

La vulnerabilidad del oficio periodístico no es algo nuevo. Existen protocolos internacionales en temas vinculados al manejo de equipos periodísticos en zonas de conflicto. Según la información de Reporteros Sin Fronteras, en el 2017 fueron asesinados 55 periodistas, y en lo que va del año, la cifra asciende a 56, ubicando a América Latina y El Caribe como una de las regiones más peligrosas para nuestra profesión.

Por esto, es importante conocer cuáles fueron las decisiones tomadas por el Grupo, y en esa misma línea, considerar cuáles han sido las decisiones tomadas en materia laboral de parte de los demás medios de comunicación ecuatorianos.