La acumulación por despojo opera como un conjunto de acciones desarrolladas por ciertas empresas que no sólo se apropian de los recursos naturales, sino que, al generar migraciones internas, sustrae a los campesinos sus formas tradicionales de vida. Por ello, en pocos años ya no podremos hablar de Esmeraldas como la provincia verde: grandes extensiones de palma africana, camaroneras, minería ilegal, playas privadas y narcotráfico nos lo impedirán.

La provincia de Esmeraldas se encuentra articulada a las principales actividades económicas del país. Este es un territorio particular, en el que las madereras, las plantaciones de palma africana, el turismo y la minería han determinado una serie de pugnas relacionadas con su desarrollo. Así, Esmeraldas pasa de ser entendida como una unidad espacial a ser concebida como una relación política, social, económica y cultural, donde el conflicto se entrecruza con la propiedad de los medios de producción.

Existe aquí un fenómeno permanente de acaparamiento de tierra y desplazamiento de la mano de obra campesina, que se subproletariza. Es decir, la acumulación por despojo opera como un conjunto de acciones desarrolladas por ciertas empresas que no sólo se apropian de los recursos naturales, sino que, al generar migraciones internas, sustrae a los campesinos sus formas tradicionales de vida.

En el caso de Esmeraldas, la expansión de la frontera productiva provoca un despojo permanentemente. Tal es el caso de la palma africana, cultivo que se ha caracterizado por el acaparamiento de tierras mediante dudosos mecanismos, como la presión sobre campesinos para forzar la venta. Según la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua, existen 121.163 hectáreas cultivadas con palma africana, su producción anual representa el 42,3% respecto a la producción nacional de este cultivo, y el 100% de la producción se destina a la venta. Las plantaciones más importantes se ubican en los cantones de Quinindé (década de los ochenta), San Lorenzo (década de los noventa) y Río Verde (actualidad).

Gran parte de los campesinos sin tierra migraron a la capital provincial, creando suburbios completos como el “barrio caliente”, que está nutrido fundamentalmente por nativos de los cantones San Lorenzo y Borbón. Muchos de sus actuales moradores llegaron allí como resultado de la venta de sus tierras a grandes propietarios palmeros. Asimismo, también existe una implosión demográfica en el estuario del Río Esmeraldas, donde refugiados colombianos se han establecido en casas de caña guadua, zinc y cartón.

Este nuevo subproletariado se dedica a diversas actividades informales. Según datos de la Encuesta de Empleo, el 25,6% de la población esmeraldeña trabaja por cuenta propia, y muchas de sus actividades están relacionadas con el turismo en la franja costanera. Sin embargo, desde el 2016, esta actividad ha sufrido un duro reves por dos fenómenos incontrolables, como el terremoto de abril de 2016 y el incremento de la violencia producida en la frontera desde marzo de 2018.

La violencia generada por el conflicto armado colombiano no es nueva. Desde hace décadas, los esmeraldeños conviven con un fenómeno típico de las zonas aledañas a la guerra: se han transformado en zonas de abastecimiento, de resguardo, y de propagación de redes clientelares. Por ejemplo, en varias parroquías de Río Verde, algunas mafias cruzaron la frontera con dinero en mano para comprar fincas y ponerlas a producir; promovieron una arquitectura ajena, de cemento y losa; y contrataron a jornaleros de las poblaciones aledañas. Para comprar el silencio de las comunidades, les regalan reses y cerveza en los días de fiestas locales. 

Se presume que el incremento de actividades ilícitas en Ecuador se debe al narcotráfico, que se expresa a través de una doble vía: la primera tiene que ver con el mismo proceso productivo, de transforma­ción, circulación y consumo de la cocaína; es decir, la conversión del territorio fronterizo en laboratorios y centros de exportación hacia el mercado internacional. La segunda vía son las actividades que tienen que ver con el lavado de dólares y su distribución en el contexto nacional.

En Esmeraldas, estas dos vías confluyen de forma particular. La primera es la más rudimentaria, y opera a orillas del mar. Utilizan a los pescadores artesanales como parte de la red de distribución -se estima que cobran 30.000 dólares por viaje-, y ocupan las propiedades cercanas a desembocaduras de ríos o manglares para guardar sumergibles con gran capacidad de carga y movilización. En relación con la segunda, compran fincas y establecen cultivos de palma africana, ganadería o camaroneras para el blanqueo de activos. Nadie sabe con certeza quiénes son sus dueños.

Respecto a las camaroneras, su expansión se consolida en los años noventa, y también ha supuesto el despojo de los medios de vida de las comunidades que viven del ecosistema manglar. Cada nueva camaronera implica la apropiación privada de territorios, desplazando a los recolectores artesanales de conchas y cangrejos. Según datos de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, en la provincia de Esmeraldas se registraron 5.290 hectáreas concesionadas para esta actividad.

Otra de las actividades económicas que ha generado desplazamiento de campesinos y un alto nivel de afectación al ecosistema es la extracción de madera en los cantones San Lorenzo, Río Verde y Quinindé, en donde la empresa Bosques Tropicales (BOTROSA), del grupo económico EDIMCA,[1] ha conseguido licencias ambientales para explotar bosques protegidos de la reserva Cotacachi-Cayapas. La actividad maderera dentro de Esmeraldas se ha profundizado en los últimos años, como señala la tendencia nacional sobre deforestación. En los periodos comprendidos entre 1990–2000 y 2000–2008, la deforestación anual promedia fue, respectivamente, de 17.282 y 12.485 hectáreas al año. Estadísticamente, es el territorio ecuatoriano donde más se deforesta.

En pocos años ya no podremos hablar de Esmeraldas como la provincia verde: grandes extensiones de palma africana, camaroneras, minería ilegal, playas privadas, narcotráfico y migraciones nos lo impedirán.

[1] La familia Peña Durini es una de las principales accionistas de este grupo, al cual pertenecen también empresas como Aglomerados Cotopaxi, ENDESA y SETRAFOR, todas vinculadas a la extracción de madera.