Algunos políticos y altos funcionarios del Estado han sido denunciados por obligar a sus subordinados a entregarles el 10% de sus salarios. ¿Cómo podríamos las personas desarrollarnos con libertad si debemos aceptar relaciones laborales con exigencias injustas e, incluso, llegar a ser víctimas de actos de corrupción porque no hay otra opción viable para conseguir trabajo?

Días atrás, aparecieron denuncias sobre el denominado “impuesto al trabajo” dentro de la Asamblea Nacional. Éste, por ser una cuota obligatoria del 10% que los trabajadores deben entregar a las autoridades estatales de elección popular o que tienen un nivel jerárquico superior, ha sido denominado diezmo. El fin de este pago, aparentemente, es apoyar a los líderes o movimientos políticos en sus gastos, de acuerdo con las versiones de los denunciantes. Las sumas entregadas ascienden a $30.000, según han podido saber los medios de comunicación por parte de algunos de los afectados.

Miembros de la Asamblea, al conocer los reclamos, mencionaron que no eran casos aislados o nuevos, y decidieron instigar a denunciar estos pagos abusivos y a proteger la estabilidad laboral de quienes rompan el silencio, ya que en ocasiones se hallan intimidados por la posibilidad de perder su trabajo. De este modo, la Cámara firmó el 9 de septiembre un convenio con la Contraloría Generar del Estado y la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) para investigar el diezmo que presuntamente cobran algunos asambleístas.

Además, debe tenerse en cuenta que la situación económica en el país se está manejando con matices grises. Las estadísticas de desempleo cada vez son más inquietantes por la evidente reducción de aparataje estatal y el manejo cauteloso de las entidades privadas respecto a sus contrataciones e inversiones, aparentemente por falta de garantías estatales. Las razones para no denunciar son diversas. 

Con todo, las primeras denuncias para detener el diezmo ya empezaron, y con ellas aparecieron muchas facetas desconocidas. Por el momento, se han hecho públicos únicamente algunos de los casos que han sucedido en la Asamblea Nacional y en el Parlamento Andino, pero tal vez este sea el inicio para que aparezcan nuevos casos en todos los niveles de Estado.

En el oportuno criterio de Xavier Zavala Egas, la corrupción viene definida como soborno, coima o peculado, y es sinónimo de abuso, desorden, cohecho, seducción, depravación, perversión y desmoralización. En base a estos conceptos, la corrupción es el acto a través del cual un funcionario público violenta las normas del sistema legal para favorecer intereses particulares o de grupo, a cambio de un beneficio o recompensa para sí o para terceros.

Al analizar este concepto, conjuntamente al artículo 33 de la Constitución ecuatoriana (“El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”), puede entenderse que las personas que se encuentran ejecutando el poder en el país desconocen los principios constitucionales, ya que el Estado no ha garantizado a las personas dignidad, ni una retribución justa y, peor, han fomentado el trabajo saludable. 

¿Cómo podríamos las personas desarrollarnos con libertad si debemos aceptar relaciones laborales con exigencias injustas e, incluso, llegar a ser víctimas de actos de corrupción porque no hay otra opción viable para conseguir trabajo?

La corrupción en Ecuador se encuentra institucionalizada, y es a causa del abuso de poder de las autoridades de turno, cuyo pretexto es apoyar proyectos políticos pasajeros sin la búsqueda de un bienestar común. En definitiva, el diezmo supone un grave soborno que atenta contra la Constitución de nuestro país, generando un retraso en la estructura jurídica y estatal.