Ley Comunicación Ecuador

Alertas necesarias

Por: María Eugenia Garcés

Contrariamente a lo que se suponía debía ser la LOC, la participación social, la pluralidad, la capacidad de emitir sus criterios, denunciar abusos y formar parte de la vida nacional fue disminuyendo paulatinamente, hasta casi desaparecer. Profesionales, trabajadores de medios y ciudadanos nos encontramos en la mitad de una disputa hasta entonces desconocida, entre el poder político representado en el gobierno nacional y el de los medios con sus intereses de grupo y comerciales.

La Ley Orgánica de Comunicación se ha ubicado, durante la última década, en el ojo de la tormenta en un momento político en el que el Gobierno jugó entre la represión y el estado de propaganda. Gestar una ley en este escenario dio como resultado lógico la funcionalización de la misma a intereses del poder gubernamental, dejando de lado la esencia de lo que debía constituirse en el paraguas que garantice el ejercicio del derecho a la comunicación a la ciudadanía.

Los medios de comunicación privados, vieron afectados sus intereses como al ser sometidos a fuertes regulaciones que, sin duda, afectaban sus posibilidades de manejarse cómodamente bajo sus propias reglas sin cuestionamiento desde otros poderes. 

En el medio los periodistas, trabajadores de los mentados canales (entiéndase a tales como vías de circulación de mensajes), quienes fueron inmerecidamente parte de esta disputa y vieron afectadas sus posibilidades de un trabajo profesional y en muchos casos se sumaron a una defensa del poder político o a una descarnada oposición al gobierno, según fuera la línea editorial del medio en el que laboraban.  En ello se perdió la calidad informativa, la posibilidad de denuncia, el periodismo de investigación, la posibilidad de generar debate político y la reflexión necesaria para que la ciudadanía en su conjunto pudiera formarse una opinión respecto al país, tomar una posición política y ejercer su actoría social. Se deben destacar casos de profesionales, que sorteando grandes dificultes pudieron mantener su profesionalismo.

Contrariamente a lo que se suponía debía ser la LOC, la participación social, la pluralidad, la capacidad de emitir sus criterios, denunciar abusos y formar parte de la vida nacional fue disminuyendo paulatinamente, hasta casi desaparecer. Profesionales, trabajadores de medios y ciudadanos nos encontramos en la mitad de una disputa hasta entonces desconocida, entre el poder político representado en el gobierno nacional y el de los medios con sus intereses de grupo y comerciales.

Este desencuentro de poderes cambia cuando asume el nuevo gobierno y se encamina una Reforma a la Ley Orgánica de Comunicación que, a decir de sus proponentes, respeta los estándares internacionales en materia de derechos y libertades, pero que deja resquicios, cuyas consecuencias pueden resultar una vuelta a la indefensión de los ciudadanos frente al poder mediático y/o a abusos por parte del Estado.

Este artículo no pretende hacer un análisis exhaustivo del articulado, sino más bien levantar ciertas alertas frente a los riesgos que presenta el Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de Comunicación que será motivo de primer debate en los próximos días.

Si bien hay un giro sustancial hacia el respeto de las normas, pactos y convenios internacionales en materia de libertades y derechos relacionados con la comunicación e información, sin embargo, su ámbito sigue circunscrito a los medios de comunicación social, lo que nos vuelve a cerrar el paraguas de lo que significan los derechos a la comunicación de la población y la obligación de los distintos actores, en pro del ejercicio y goce de los derechos por parte de la población.

Esta misma visión fue la que permitió configurar un Estado de propaganda, en detrimento del derecho de la “población a acceder, procesar y difundir información”. Al no considerar explícitamente obligaciones del Estado en lo que se refiere a la distribución, exposición y difusión de información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, sin censura previa; al no establecer obligaciones para que los funcionarios públicos sean sometidos a repetición en caso de violación a estas obligaciones y que los voceros de las instituciones públicas estén sujetos a la rectificación y responsabilidad ulterior, entre otros mecanismos, poco o nada habremos adelantado.  Lo propio aplica para organizaciones de carácter privado y tercer sector que emitan información, especialmente cuando exista inversión estatal.  

Es cierto que la Ley de Transparencia aborda las obligaciones de proporcionar información y datos por parte de las entidades públicas, sin embargo no existe articulación entre los dos cuerpos legales, por lo que los departamentos, direcciones y asesorías de comunicación del Estado pueden usar libremente los recursos públicos para intereses privados de las autoridades (propaganda),  y se permite a los comunicadores de las oficinas públicas a callar y, en no pocos casos, a tergiversar información en beneficio de la imagen de la entidad y su funcionario, atentando contra los principios que deben sostener la información desde estas instituciones.

Persisten figuras que siguen manteniendo puertas abiertas a posibles abusos, como es el caso de la “información de relevancia pública o de interés general”, que de ser aplicada desde los intereses privados de quienes ejercen el poder, indiscutiblemente significarán restricciones a las necesidades e intereses de información de amplios sectores ciudadanos.

En materia de regulación, pasamos de una ley represiva de la acción periodística, a una ley totalmente desregulada y que no establece mecanismos claros para que la ciudadanía que podría verse afectada, acceda a justicia de manera expedita.  Entregar a la Defensoría del Pueblo la tutela de los derechos a la comunicación no significa que ese organismo tenga capacidad sancionatoria frente a posibles abusos en la materia en cuestión. Si bien es cierto puede ejercer patrocinios de causas, los involucrados dependen de la buena voluntad de los medios para aplicación de mecanismos como la réplica, o de los complejos procedimientos que establece la justicia ordinaria. La capacitación, talleres o campañas educativas dirigidas a los trabajadores de la comunicación, y las disculpas públicas, no subsanan los vacíos.

Con respecto a los medios públicos son tres las preocupaciones fundamentales: la asignación de frecuencias sin concursos, sobre todo cuando entre ellos existen los que se consideran “medios públicos de “carácter oficial”; que los medios públicos estén bajo la tutela de instituciones públicas que los constituyen; y, que no se clarifique quiénes definen la política editorial ni quiénes formarán parte de los consejos ciudadanos.  Con el contenido de la ley que pretende reformarse, se dejará la puerta abierta para que el 33% del espectro radioeléctrico esté copado por medios gubernamentales y estemos sometidos nuevamente al estado de propaganda.

Estas y otras alertas nos deberían poner a discutir, seriamente como población, los contenidos de esta pretendida reforma.

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Kapari Comunicación

Red de Comunicación Comunitaria Ecuador