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Represión antidemocrática española en Cataluña

JORDI PONS-red KAPARI

En 2010, ya gobernando Rajoy, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia contraria al Estatuto de Cataluña. Ello generaba una colisión evidente entre los principios democráticos (el Estatuto Catalán era una ley aprobada por las Cortes españolas y refrendada por el pueblo catalán) y un sistema judicial que no había sido depurado después del franquismo y que se ponía al servicio del nacionalismo español.

El 1 de octubre hará un año del referéndum sobre la independencia de Cataluña. El plebiscito había sido convocado por el gobierno autónomo catalán, que había surgido de las urnas el 27 de septiembre de 2015. Constaba en el programa de todas las fuerzas soberanistas que consiguieron la mayoría absoluta, y su convocatoria se basó en la Ley del Referéndum de Autodeterminación aprobada por el Parlamento catalán poco antes. El referéndum, además, era el instrumento político aceptado por la gran mayoría de los catalanes para dirimir su futuro político como mostraban todas las encuestas.

Sin embargo, el gobierno español y los principales partidos políticos estatales habían rechazado su celebración y adoptado medidas agresivas para impedir su celebración, que fueron aumentando en las semanas previas al mismo y que se terminaron traduciendo en los asaltos violentos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en numerosos colegios electorales, provocando un millar de heridos.

Actuación de la Policía Nacional el 1 de octubre de 2017

El origen actual del conflicto se remonta a los años 2003-2005, cuando el gobierno catalán de izquierdas planteó la elaboración de un nuevo Estatuto de Autonomía que sustituyera al anterior de 1979. Buscaba superar los ataques a la autonomía catalana sufridos en la década anterior por los ejecutivos de Madrid, tanto de derechas como de izquierdas. Planteaba blindar competencias y asumir otras que satisficieran una población catalana cada vez más deseosa de incrementar su autogobierno.

El proyecto de Estatuto aprobado por el Parlamento catalán fue recortado sustancialmente por el Parlamento español, y aprobado con poco entusiasmo y poca participación en un referéndum en 2006. A pesar de ello, el Partido Popular de Mariano Rajoy había empezado una campaña contra ese estatuto, alimentando el viejo odio a lo catalán, y lo impugnó ante un Tribunal Constitucional que dominaba políticamente.

En 2010, ya gobernando Rajoy, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia contraria al Estatuto de Cataluña. Ello generaba una colisión evidente entre los principios democráticos (el Estatuto Catalán era una ley aprobada por las Cortes españolas y refrendada por el pueblo catalán) y un sistema judicial que no había sido depurado después del franquismo y que se ponía al servicio del nacionalismo español.

La respuesta desde Cataluña fue contundente: la manifestación más grande de la historia de la democracia española en Barcelona, el 10 de julio de 2010, con el lema “Somos una nación, nosotros decidimos”; la celebración de consultas municipales sobre la independencia de Cataluña; y el nacimiento de la asociación Asamblea Nacional Catalana, que agrupa voluntarios a favor de la República catalana de múltiples procedencias políticas y sociales.

Los años siguientes, cada 11 de septiembre -Día Nacional de Cataluña en recuerdo de las libertades nacionales perdidas en 1714-, se vivieron las movilizaciones más multitudinarias jamás vistas en Europa, con especial mención de la de 2013 (“Vía Catalana hacia la Independencia”, cadena humana de 400 kilómetros uniendo los extremos norte y sur de Cataluña, con más de 2 millones de personas inscritas formalmente).

La estrategia del Estado español, tanto de sus instituciones como de sus dos principales partidos, PP y PSOE, fue inicialmente desoír las reivindicaciones y minimizar las movilizaciones -cuando no esconderlas mediáticamente-. Posteriormente, ante su frecuencia, la actitud fue la del desprecio y la caricaturización del argumentario separatista. A partir de 2014, sin embargo, cuando el Gobierno catalán convocó la “Consulta sobre el futuro político de Cataluña”, no vinculante, y que el ejecutivo de Rajoy esperaba que fuera un fracaso, cambió de proceder: empezó una guerra sucia contra los nombres más significados del movimiento, atacando a símbolos de la catalanidad y, sobre todo, intentando judicializar penalmente las acciones en favor de votar democráticamente.

Las tímidas voces que apuntaron la necesidad de seducir al grueso de los catalanes en lugar de reprimirlos fracasaron estrepitosamente. Sus propuestas de reformas toparon con la hostilidad de los medios de Madrid y con el silencio absoluto de la intelectualidad española. Se impuso el cierre identitario (somos/sois españoles y lo seguiréis siendo queráis o no), el negacionismo histórico y la involución autonómica. Además, el Gobierno español adoptó una política de impugnación sistemática ante el Tribunal Constitucional de las leyes que se iban aprobando en el Parlamento catalán sobre políticas sociales o de recaudación de impuestos.

Por su parte, las movilizaciones independentistas terminaron generando la reacción del españolismo. Así nació Ciudadanos, un partido político catalán que superaba en nacionalismo español al Partido Popular, marginal en Cataluña, y se crearon organizaciones sociales, como Sociedad Civil Catalana. El primero, nacido de exmilitantes del PP y de otros grupos de derecha, y el segundo, de grupúsculos neofranquistas. Ambos no pudieron rivalizar en la calle con el movimiento independentista, pero sí en el relato político, aprovechando las simpatías de los medios de comunicación mayoritarios.

A nivel político, el creciente apoyo popular a la independencia provocó lo que se ha llamado «el tsunami político catalán»: en una década, el sistema de partidos catalán ha dejado de ser reconocible, y se ha escorado hacia la izquierda y hacia el independentismo. La posibilidad de constituir un estado nuevo abrió la ilusión del cambio en todos los ámbitos políticos, sociales y culturales.

Ello contrasta con la pervivencia del sistema español surgido tras la muerte de Franco, cuarenta años antes. A pesar de la irrupción a nivel de todo el estado de Ciudadanos, y de la reconversión del espacio a la izquierda del Partido Socialista con Podemos, los partidos del régimen del 78 -PP y PSOE- siguen turnándose en el gobierno. Ambos garantizan el statu quo de un Estado con un fuerte lastre de poderes postfranquistas que no fueron depurados durante la Transición: la judicatura, la policía, el ejército, los altos funcionarios.

La desconexión con el Estado español

El verano de 2017, ante la proximidad del referéndum del 1 de octubre, el Estado español desplegó una batería de acciones agresivas. El Tribunal Constitucional, una instancia que emitía sentencias políticas y que se había reformado como sala penal, prohibió el referéndum. El Ministerio del Interior envió más de 10.000 Policías Nacionales y Guardias Civiles de otras regiones, vulnerando las competencias autonómicas y generando una notable tensión, puesto que Cataluña tiene policía propia, integral, y le corresponde a ella el control del territorio y de la seguridad. Por su parte, la fiscalía del Estado y los jueces ordenaron requisar urnas, papeletas de voto y el sistema informático para el mismo. Finalmente, los medios de comunicación españoles estimularon la represión del referéndum con un “apagón” informativo total: los defensores del proceso democrático catalán desaparecieron de los platós, las tertulias y las columnas de la prensa.

El 1 de octubre se pudo celebrar el referéndum gracias a la sorprendente organización popular: hubo urnas en todos los colegios electorales (compradas en el extranjero y entradas secretamente por voluntarios desde Francia), papeletas impresas y censo informático. Pero fue también el día del baño de realismo para un movimiento popular independentista impregnado de buena fe: la idea de que en la democrática Unión Europea no era posible una fotografía de policías retirando urnas y aporreando votantes no servía para España. El Estado español no era un estado democrático equiparable a la Gran Bretaña y a Canadá (plebiscitos escocés y quebequés).

El resultado de la votación se vio condicionado por la violencia policial de primera hora y por el boicot de las fuerzas unionistas. Sin embargo, a pesar de que el cierre de colegios electorales por la policía dejó 700.000 votantes sin derecho al mismo o con su voto requisado, el recuento verificó 2’2 millones de votos efectivos (el 43 % del censo) y un 90’18 % de ellos a favor del Sí. 

En los días posteriores, mientras el Parlamento catalán aplazaba la votación de la proclamación de la independencia, los líderes políticos catalanes pedían una vez más la negociación con el Gobierno español y una mediación internacional que el ejecutivo de Rajoy impidió por todos los medios. La Unión Europea siguió esgrimiendo la consideración de “asunto interno” español. La Comisión silenciaba la violación que suponía a sus principios constitutivos que uno de sus Estados miembro reprimiera la democracia.

Proclamación de la independència de Cataluña en el Parlamento catalán.

Finalmente, el 27 de octubre de 2017, y mientras el Senado español aprobaba la suspensión de la autonomía catalana, las fuerzas independentistas en el parlamento votaban una Declaración formal de creación de la República Catalana. Esa misma noche, sin embargo, el Gobierno catalán renunciaba al despliegue legislativo que hubiera supuesto confrontaciones en su materialización y activado la violencia de la Policía Nacional y, esta vez sí, del ejército contra manifestantes y contra la policía catalana. El proceso de autodeterminación a la catalana se había desarrollado de manera pacífica y cívica y los líderes políticos, y muy en particular el presidente Carles Puigdemont, quisieron preservarlo así.

Quedaba la opción de internacionalizar la causa catalana, cosa que hicieron el presidente y los miembros del gobierno catalán exiliándose a la capital europea, Bruselas. Pero una vez más la confianza en los mecanismos democráticos se mostró doblemente equivocada. Por una parte, la aceptación de personarse a declarar ante un juez de Madrid de los presidentes de las dos asociaciones organizadoras de las manifestaciones independentistas y de la mitad del gobierno catalán en el exilio se saldó con una prisión provisional bajo acusaciones manifiestamente falsas. Se había entrado en una fase de causa general contra el independentismo, de proceso político sin ningún fundamento penal. El posterior procesamiento contra la Mesa del Parlamento por aceptar que se hubiera debatido sobre la república catalana o contra los cargos máximos de la policía catalana por no reprimir con suficiente dureza los votantes reafirmó, a extremos inconcebibles, la voluntad política de la judicatura española de descabezar cualquier movimiento de cuestionamiento de la unidad territorial española.

Por otra parte, la convocatoria por el gobierno de Madrid -siguiendo el dictado europeo- de elecciones catalanas anticipadas en diciembre se había saldado con una nueva mayoría independentista. Tampoco ello sirvió para que fueran respetadas: gobierno español y judicatura impidieron la investidura en tres ocasiones del candidato independentista, impidiendo ejercer sus derechos de representación política y manteniéndolos en prisión o en el exilio.

Los sistemas judiciales de Alemania, Bélgica, Escocia y Suiza han rechazado las peticiones españolas de extradición de los exiliados por falta de fundamento, pero sin embargo, los tribunales españoles juzgarán a finales de año a los miembros del Gobierno catalán, a la presidenta y a la mesa del Parlamento, a su jefe de policía y a los presidentes de las principales ONG por la autodeterminación: un auténtico castigo a los representantes democráticos para frenar un movimiento popular y pacífico que tiene una gran implantación social.

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Kapari Comunicación

Red de Comunicación Comunitaria Ecuador