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Ley Trole III, capitalismo flexible y precariedad laboral (segunda parte)

Estas medidas permiten valorizar el capital mediante la modalidad de flexibilización, dicho de otra forma, del permanente movimiento y desarraigo de la producción y de los trabajadores, como también las relaciones técnicas y sociales sujetas a esta modalidad

PROFUNDIZACIÓN DEL CAPITALISMO FLEXIBLE, LOS 3 EJES DE LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA 2018.

La Ley de Fomento de la producción es una estrategia para acelerar la renta capitalista y transferirla a la burguesía del tipo industrial y financiero[1], optimizando la ganancia privada a niveles cada vez más acelerados. Esta ley antagoniza con las demandas históricas de la clase explotada.  En esta estrategia pro-capitalismo, subyacen la liberalización de mercados, la privatización de bienes y servicios, y la valorización del capital mediante la precarización laboral. A nuestro entender, las siguientes medidas continúan desbrozando el camino para precipitar el violento modelo económico neoliberal[2]

1.- Remisión de multas, deudas onerosas, recargos y mora[3], hasta 10 años a empresas y personas naturales que no han cumplido con sus obligaciones fiscales y patronales.  Un golpe duro a los trabajadores, pues esta disposición no sólo promociona el incumplimiento del pago del impuesto a la renta, que tradicionalmente ha sido evadido por las familias más acaudaladas, sino también las obligaciones patronales o el pago por utilidades que por ley corresponde a los trabajadores.  Además de ello, la ley prohíbe la actualización contable de las empresas, es decir, los trabajadores no podremos conocer nuestra participación en la variación de las utilidades, y el Ministerio del ramo no podrá imponer sanciones coactivas a los dueños de empresas que hayan perjudicado en sus derechos laborales a los trabajadores.

2.- La ley dispone la reducción de la contratación de personal, la liquidación contractual y la anulación de concursos de merecimientos y oposición en el servicio público. Esto quiere decir que el desempleo rebasará la cifra de 5 millones de ecuatorianos que actualmente no tienen empleo fijo.  Esto representará más de 70 mil trabajadores en el desempleo desde el 2019.

 3.- Eliminación del pago anticipado del IVA; derogatoria de las salvaguardias para la importación de bienes suntuarios; y la eliminación del impuesto a la salida de divisas[4]. Esto sucede en países en los que, según la Cepal, el nivel de evasión fiscal alcanza tradicionalmente el 65%, es decir, casi 30 mil millones de dólares. A toda vista, la remisión de deudas y la eliminación de aranceles favorece a los agentes capitalistas más rancios de nuestro país: Grupo Nobis[5]; Pichincha; Pronaca; El Juri; La Favorita; OCP del Ecuador; y a los consorcios menos rancios, pero no menos violentos de la última década: Schlumberger del Ecuador, Herdoiza y Crespo; Norberto Odebrech; Sinohydro Corporation; Consorcio Petrosud; Petroviva, etc.

4.- Reducción del gasto público e incremento al techo de endeudamiento para eliminar el déficit presupuestario.  Permitiría reducir inversiones sensibles para los sectores populares e incrementar el techo del endeudamiento público, cuyos intereses deberán pagarse aun con presupuesto deficitario. El recorte del gasto ascendería a 2600 millones de dólares (2,6% del PIB).

5.- Eliminación del autofinanciamiento estatal o, dicho de otro modo, ninguna entidad financiera pública podrá “prestar” dinero al Estado, y aunque de manera positiva se establece que las inversiones ya prestadas tienen que liquidarse, la norma debería permitir, además, la toma de decisión de los aportantes sobre el destino de los dineros del IESS y el BIESS, y el uso de los mismos.  La ventana que queda abierta, representa el endeudamiento estatal vía privada, con los daños colaterales que esto representa[6].

6.- La implementación de los tratados bilaterales (tbi) y el arbitraje internacional son claramente inconstitucionales y merman la soberanía del Estado; en la práctica se ha demostrado que, frente al poder transnacional, la capacidad de los estados nacionales se ve reducida a su mínima expresión, y que esto ha representado exorbitantes gastos para el país[7].

7.- Fondo de contingencia superavitario, es decir, un fondo que, de existir mayores ingresos que gastos, se destinarán al ahorro.  Sin embargo, el ejecutivo tendrá la facultad de decidir autónomamente sobre este fondo.  Nos preguntamos, ¿cuál será el destino de estos valores, en un gobierno privatizador?

8.- Concesión de proyectos estratégicos y asociación público privada.  Esta última, representa uno de los ámbitos neurálgicos del proyecto.  Ha tenido muy poca difusión en los medios de comunicación, y consiste en concesionar acciones o administración de recursos públicos como minas, petróleo, energía, etc., a los sectores privados[8].   

Estas medidas permiten valorizar el capital mediante la modalidad de flexibilización, dicho de otra forma, del permanente movimiento y desarraigo de la producción y de los trabajadores, como también las relaciones técnicas y sociales sujetas a esta modalidad.  Flexibilidad viene del latín flexibilitas, es decir, de la modificación y adaptación a las condiciones más diversas de la producción (Fusaro, 2016).  A partir de la necesidad de flexibilidad de las relaciones de trabajo para la extracción de plusvalor absoluto o relativo, aparece la precarización laboral, cuya raíz pre o prex, significa plegaria.  El homo precarius tiene concesiones obtenidas por su ruego; estas “concesiones” pueden ser suspendidas por la voluntad del amo. Aquí observamos una dialéctica compleja, pues mientas más moderno el capitalismo, menos humanizadas las relaciones de producción. Es un retorno a la teleología feudal, una especie de servidumbre moderna.    

Esta violencia económica ejercida por un modo de acumulación agresivo, es sufrido generalmente por los jóvenes, viejos, mujeres y migrantes que han reforzado el ejército de reserva laboral del mundo moderno y del capitalismo flexible.

La flexibilidad y la extracción absoluta y relativa de valor, marchan en concordancia con la cantidad de trabajadores destinados para la producción y con el tiempo dedicado al trabajo y las condiciones de la producción.  La flexibilidad, explica Fusaro, tiene que ver con la libertad del empresario de extender o disminuir la jornada laboral; la libertad del patrón de pagar menos que el mínimo vital; la libertad del amo de distribuir el trabajo diario o semanal a fin de cambiar horarios y responsabilidades; la libertad de la burguesía para decidir sobre la temporalidad de la contratación (op. cit. p. 100). A esta libertad los ricos empresarios la conocen también como pragmatismo.  Resulta que esta ley apunta, precisamente, a modificar de manera más agresiva el Código de Trabajo, a reducir los contratos en el sector público y a provocar “ahorro” en las inversiones públicas estatales.

Como evidenciamos, esta ley promueve una arremetida violenta contra la clase trabajadora ya precarizada, construye bloques de empresarios privados que están por encima de las leyes nacionales e internacionales, favorece la evasión impositiva a los grupos económicos más poderosos; en fin, favorece el orden dominante de la oligarquía rentista de nuestros países. Los anuncios de la eliminación de subsidios, los tratados de libre comercio con los Estados Unidos, la revisión del Código de Trabajo, plantean un desafío organizativo para los trabajadores del campo y la ciudad.

La acumulación capitalista o el fomento productivo, perorata de la burguesía, al contrario de generar fuentes de empleo, las precariza o las escasea.  Parte de esta estrategia de economía flexible se conecta con las reformas constitucionales del último tiempo.

La violencia económica del capitalismo privatiza la riqueza generada por el trabajador, la violencia política en cambio, privatiza el mundo de la vida.  La lucha de clases desde el sector dominante se renueva constantemente.  ¿Qué haremos nosotros, los explotados?

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[1] Según datos del Observatorio del Trabajo, la burguesía industrial y financiera representa apenas el 1.3% de la población ecuatoriana (Ruiz, 2018), pero acumula <

[2] No podemos abstraer esta ley del contexto político y económico del país. Semanas después de la aprobación de la Trole III se ejecutan algunos decretos que se advertían, semanas atrás, desde el sector industrial del país. La necesidad de flexibilizar el Código de trabajo; de eliminar del contrato temporal en el sector público a partir del 2019 (lo que afectará a 70.000 trabajadores); anuncio de eliminación de subsidios como el de la gasolina o el diesel; o la eliminación de la contratación directa en el sector privado.

[3] Es importante no olvidar que en el 2015 el gobierno del economista Correa impulsó un proceso del mismo talante, diversificando  la composición de los deudores. Es decir, pequeños y medianos campesinos, pero también grandes corporaciones empresariales.

[4] Esta disposición legal regulariza una práctica tendencial a la baja en la recaudación del impuesto a la renta, el valor agregado, y el impuesto a la salida de divisas, desde el 2016. Se calcula que la reducción alcanza entre el 8 y el 17% (Heredia, 2017).

[5] El impulso de estas estrategias de cuño liberal se debe de modo estratégico a la intervención directa de empresarios en el gobierno del presidente Moreno, es el caso de Richard Martínez actual Ministro de Economía y Finanzas y ex presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, cuya organización agremia a un bloque importante de la patronal industrial. De la misma forma el Ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana vinculado con las empresas del Consorcio Nobis de Isabel Noboa.

[6] Condicionamientos de los organismos internacionales que afectarán a los sectores más pobres para que los desembolsos sean posibles; mayores intereses; sometimiento de la soberanía económica y política, etc.

[7] Estos tratados están en marcha, un pequeño ejemplo es la Alianza del Pacífico, cuyo objetivo es abrir las puertas a tratados comerciales con Estados Unidos.  Recordemos que cualquier tratado comercial con países de economías desarrolladas, implica un golpe muy duro a pequeños y medianos productores que no tienen el apoyo estatal suficiente, ni los recursos, para posicionar sus productos en el mercado.  En el Ecuador la concentración la tierra y el agua en pocas manos determina un ingente beneficio para la agroindustria en detrimento de las economías campesinas de subsistencia.

[8] Ver catálogo de inversiones de los sectores estratégicos (Ministerio de Sectores Estratégicos, 2015-2017).


Bibliografía

Artieda, J. (2015). Mapeo de organizaciones sindicales del sector público ecuatoriano a nivel nacional. Quito: Trabajo inédito.

Fusaro, D. (2016). Capitalismo flexible. Precariedad y nuevas formas de conflicto. La Paz: Letravista.

Heredia, V. (20 de Enero de 2017). El Comercio. Obtenido de https://www.elcomercio.com/actualidad/recaudacion-impuestos-tributos-economia-iva.html

Marx, K. (1984). El capital. México: Siglo XXI.

Marx, K., & Engels, F. (1980). Manifiesto del Partido Comunista. Buenos Aires: Progreso.

Ministerio de Sectores Estratégicos. (2015-2017). Obtenido de file:///C:/Users/JACQUELINE/Downloads/Cat%C3%A1logo%20de%20Inversiones%20de%20los%20Sectores%20Estrat%C3%A9gicos%20en%20Ecuador%202015%20-%202017.pdf

Ruiz, M. (24 de Julio de 2018). ODET. Obtenido de https://www.odetobservatorio.com/articulos/la-estructura-de-clases-en-el-ecuador-contempor%C3%A1neo-una-aproximaci%C3%B3n-estad%C3%ADstica?utm_campaign=ec1ca378c2-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_02_08_07&utm_medium=email&utm_source=EPU%2B%2F%2BDerechos%2BInd%C3%AD

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