La criminalización a defensores de derechos humanos, dirigentes y luchadores sociales está lejos de terminarse por cambio de autoridades o culminación de una etapa de gobierno, constituye una característica del Estado para aplacar las voces disidentes, para disciplinar, si en cierto período estuvo usado por la voluntad del ejecutivo, en otras ocasiones está al servicio de intereses particulares, siempre del lado del poder ante lo cual nuestra opción es la lucha y resistencia.
Por: Leonidas Iza Salazar, Presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi
El ejercicio de la justicia, la aplican los pueblos indígenas desde tiempos milenarios como forma de cohesión y consciencia social para resolver los conflictos de la vida diaria, manteniendo el equilibrio y la armonía comunitaria, los dirigentes y líderes junto con los abuelos, taitas, mamas eran los “jueces comunitarios”, ha ellos acuden los comuneros a pedir consejo, arreglar problemas y todo acto anormal que se suscite en su territorio, su poder de administrar justicia la da la comunidad y sus instancias organizativas, no existe concurso de méritos ni nada parecido para ser juez indígena, su legitimidad está dada por su vida de lucha y su sabiduría en beneficio de su pueblo y defensa del territorio, esto ha sido la base de la fuerza y unidad del movimiento indígena ya que ha sido una herramienta de autodeterminación y defensa del territorio.
Para el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), pueblo Panzaleo, el ejercicio de la justicia indígena es una línea de acción organizativa prioritaria, desde su presidente provincial hasta cada una de sus comunidades de base, motivo por el cual en el año 2017 llega a conocimiento de autoridad indígena el “caso Chinalo”; de la comunidad Chinalo Alto, parroquia Chugchilán, cantón Sigchos, en el cual se encuentran enfrentados una familia de terratenientes cuya propiedad colinda con territorios comunitarios, contra la comunidad indígena.
Hace aproximadamente ochenta años la tierra en conflicto pertenecía a la pequeña hacienda del señor Segovia, quien entregó parcelas de sus tierras a sus empleados de confianza, comuneros de Chinalo Alto, entre los que se encuentra las familias Ayala, Cuchipe, Latacunga, entre otros, las entregó de cuerpo cierto (delimitación de un lote con su señalamiento, independientemente de los metros que tenga), y muchos con el pasar de los años lograron tramitar las respectivas escrituras públicas como propietarios. Sin embargo, la gran mayoría de aquella hacienda quedó a cargo de los esposos Rafael Ayala y Julia Chicaiza quienes nacieron en esas tierras, hicieron de huasipungueros y luego como mayordomos, y ya hoy tienen 70 años de edad, después de más de treinta años de no tener noticias de los dueños, de repente aparecen miembros de la familia Armas, aduciendo que son dueños legítimos de las tierras, portando escrituras que hasta el momento no se logra establecer el origen, es decir, a quién compró esas tierras.
En ese momento empieza el hostigamiento a la comunidad. La Familia Armas plantea juicios civiles para reivindicar y linderar la propiedad en base a una cantidad determinada de hectáreas que señalaba la escritura, todos quienes vivimos en el campo sabemos que nuestros abuelos tenían sus propiedades en cuerpo cierto por falta de medios exactos de medición, es decir, la extensión de las tierras se daba de esta manera: “de tal árbol a tal quebrada era el lote”, y en las escrituras o instrumentos de compra venta establecían aproximados metros cuadrados o hectáreas, todos sabían y todos respetaban los linderos naturales, si en la actualidad se lleva a cabo una nueva medición con instrumentos avanzados se establece el área real y se rectifica las escrituras, sin presentarse ningún problema.
En este caso la familia Armas, a través, de dudosas sentencias judiciales procede a amojonar y linderar la propiedad de acuerdo a lo establecido “aproximadamente” en las escrituras, irrespetando los linderos naturales que no dejan dudas del cuerpo cierto de la propiedad e invadiendo los lotes de terreno de los comuneros colindantes, en el caso del señor comunero Miguel Ayala, la familia Armas establece que el lindero pasa por la mitad de su casa en la cual vive hace más de 30 años.
Inmediatamente los comuneros comienzan a ser señalados como invasores de sus propias tierras, peor situación vive los esposos Ayala Chicaiza quienes son señalados y enjuiciados como invasores de las tierras en las cuales nacieron y trabajaron toda su vida. En todo esto hay que mencionar que, durante el juicio civil varios abogados abandonaron las causas y dejaron en indefensión a los comuneros porque no les pagaron sus honorarios, por lo cual la familia Armas se creyó poderosa en las cortes judiciales.
La comunidad de Chinalo Alto se ha declarado en resistencia y ha solicitado que se reconozca el trabajo de los esposos Ayala Chicaiza por más de 50 años y se respete los linderos naturales de la propiedad que han estado por más de 80 años, ante lo cual, la familia Armas ha respondido con agresiones, insultos y amenazas hechas por ellos y, además, a través de personas contratadas para amedrentar a los comuneros, también han interpuesto varias denuncias en la Fiscalía por lesiones, agresiones, tráfico de tierras, intimidación, esto con total complicidad del fiscal de la localidad, como los comuneros dicen “nos agreden y encima nosotros fuimos los enjuiciados”, “nos han cortado con machetes y cuando vamos a Fiscalía ya los Armas nos han puesto a nosotros primero las denuncias”.
Ante estos hechos la Comisión de Justicia del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi encabezado por mi persona, Leonidas Iza Salazar, en mi calidad de Presidente y Autoridad Indígena del Pueblo Panzaleo decide intervenir en el conflicto ya que la comunidad es base histórica de esta organización y somos sus jueces naturales en territorios indígenas. Ejerciendo el reconocimiento de la justicia indígena y sus funciones jurisdiccionales establecidos como un derecho constitucional se convoca a audiencia comunitaria a la cual llega la familia Armas a ejercer su derecho a la defensa, pero su actitud es de total racismo, prepotencia y amenaza, ante lo cual la autoridad indígena expide sentencia comunitaria cuyos puntos centrales son: que las sentencias civiles son inejecutables en territorios indígenas, que se indemnice por el trabajo de más de 50 años a los esposos Ayala Chicaiza y se respete los linderos naturales de la propiedad, es decir, se respete las propiedades de los comuneros colindantes. En la audiencia estuvo presente la familia Segovia, dueños originales de las tierras, con los cuales se hizo un peritaje de los linderos y cuyas conclusiones son: que no se sabe cómo llegaron a ser propietarios la familia Armas y que han destruido los linderos naturales para expandir su propiedad en detrimento de los comuneros.
Ante esto la familia Armas, en complicidad con Fiscalía, responde con una serie de denuncias penales en contra de dirigentes del MICC, entre las cuales se encuentra el proceso que hace pocos días se notificó con el inicio de la Instrucción Fiscal, por presunta “incitación a la discordia entre ciudadanos” contra mi persona, Leonidas Iza, que establece medidas cautelares y de protección entre las que llama la atención que el Juez prohíbe a autoridad indígena acudir y actuar en su propio territorio, ordena el desalojo de los comuneros colindantes, señalando que están invadiendo propiedad privada y son asentamientos ilegales y ordena el desalojo de los esposos Ayala Chicaiza de 70 años de edad por considerarlos invasores.
Cabe señalar que el mismo Juez Multicompetente de Sigchos que lleva la causa penal, es quien falló a favor de la familia Armas en la primera instancia civil, el mismo que ordenó el desalojo de la esposos Ayala Chicaiza vía depositario judicial y en cuyo acto se quemó la casa, animales y dinero de esta pareja de la tercera edad, circunstancia no aclarada y cuya investigación previa fue archivada por pedido de Fiscalía argumentando que “no hay indicios de delito” y es el mismo juez cuya sentencia fue declarada inejecutable por autoridad indígena en territorios comunitarios, es decir Fiscal y Juez son, como señala el adagio popular, “juez y parte”.
Nos encontramos en términos legales, ante un conflicto entre justicia indígena y justicia ordinaria, conflicto de jurisdicción que debía ser conocido y tratado por la Corte Constitucional como señalan las normas de control constitucional; y en términos políticos, una lucha por la defensa del territorio. Los intereses que hay de por medio han hecho que se produzca un proceso sistemático de criminalización de la autoridad indígena usando el derecho penal para amedrentar, perseguir y limitar el accionar de líderes indígenas. Criminalizar un juez indígena por sus actuaciones jurisdiccionales es como enjuiciar a un Juez de la Corte Nacional o Constitucional por sus fallos, resultando absurdo esta cuestión.
La criminalización a defensores de derechos humanos, dirigentes y luchadores sociales está lejos de terminarse por cambio de autoridades o culminación de una etapa de gobierno, constituye una característica del Estado para aplacar las voces disidentes, para disciplinar, si en cierto período estuvo usado por la voluntad del ejecutivo, en otras ocasiones está al servicio de intereses particulares, siempre del lado del poder ante lo cual nuestra opción es la lucha y resistencia. La justicia indígena constituye de manera estructural una crítica al sistema de justicia ordinario, burocrático, punitivo, corrupto, parcializado donde la mentira constituye una herramienta de litigio, en esencia es una alternativa contra ese sistema.
Ante estos hechos el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi ejercerá su lucha en los campos jurídico y político con la misma convicción y firmeza, denunciaremos a los operadores de justicia corruptos, nos defenderemos con la verdad, al igual que levantaremos nuestra voz de protesta en el campo popular, la resistencia ha sido nuestra herramienta histórica de reconocimiento y ejercicio de derechos.
Llamamos a la unidad del movimiento indígena, a luchar por nuestro derecho a administrar justicia y defender nuestro territorio. Instamos a las instancias de derechos humanos, y de justicia a establecer una discusión nacional sobre la criminalización y persecución política institucionalizada en el país.
RED KAPARI 
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