Resumiendo, la cifra aproximada de 5 millones de desempleados continuará creciendo en el Ecuador. Por lo tanto, los anuncios del gobierno no sólo que son ilegítimos, sino que profundizan la crisis y la recesión económica. La inversión privada no alienta por sí misma la generación de empleo, como promueve de forma descarada la burguesía de este país.

El anuncio realizado el 21 de agosto por el presidente Lenín Moreno, sobre la reducción del aparato administrativo del Estado mediante el despido de trabajadores del sector público; la eliminación del subsidio a la gasolina súper; y la elevación de la deuda pública, son los principales ejes de un proyecto de reforma neoliberal de más largo alcance.  En realidad, este anuncio constituye una formalidad que tiene por objetivo legitimar la propuesta del sector empresarial que ha posicionado fuertemente su proyecto, convirtiendo al ejecutivo en su vocero.

Entre las decisiones tomadas, está la fusión de ministerios y la eliminación de algunas carteras de Estado.  Se prevé que, de 27 ministerios queden 20 de ellos, y que varias instituciones públicas desaparezcan.  Esto implica el despido de 1500 trabajadores que engrosaran las filas del ejército de reserva laboral.  Eduardo Jurado, Secretario de la Presidencia, informó que esto es parte de un proceso iniciado en mayo de este año, en el que se despidió a 42 mil personas con contratos temporales y nombramientos provisionales.  Esto, afirma Jurado, está en el marco de la ley debido a que los contratos de estos trabajadores llegaron a su fin.

La medida es más preocupante por la disposición precedente en la Ley Trole III, que ratifica la prohibición de concursos de méritos y oposición y la contratación de personal ocasional[1].  Resumiendo, la cifra aproximada de 5 millones de desempleados continuará creciendo en el Ecuador. Por lo tanto, los anuncios del gobierno no sólo que son ilegítimos, sino que profundizan la crisis y la recesión económica. La inversión privada no alienta por sí misma la generación de empleo, como promueve de forma descarada la burguesía de este país.  Al contrario, la propuesta de reforma del Código de Trabajo, es un indicador para pensar que se está abriendo el camino para legalizar el empleo flexible, eliminar las barreras que impidan esta movilidad (derecho a la organización, derecho a huelga, contratación colectiva, estancamiento de salarios, nuevas tablas salariales, etc.) y precarizar aún más las condiciones de los trabajadores, para que se adapten dócilmente y sin impugnación a los procesos de producción flexible. 

No podemos entender la contradicción entre inversión de capital y medidas recesivas que afectan a los trabajadores, sino comprendemos la estrategia de los agentes del capitalismo: concentración total de la renta y el plusvalor mediante la intensificación del modelo neoliberal, dicho de otro modo, la promoción de la inversión extranjera en el país sólo beneficiará a los mismos dueños del capital, a los propietarios de los medios de producción y a los amos de la vida flexible y precaria de los trabajadores, es decir, a los industriales, comerciantes, importadores, en fin, soló favorecerá a la burguesía de este país.

La mancuerna desempleo y migración[2],  evidencian la recomposición del capitalismo deslocalizando e intensificando la producción.  Al igual que la migración del capitalismo, la migración en masa de la fuerza laboral promueve un trabajador maleable en el proceso técnico, y proporcionalmente más sobreexplotado y desregulado en sus derechos.

Otra de las medidas es la eliminación del subsidio a la gasolina súper, planteado a último momento como una transacción, es decir, se mejora el octanaje y la calidad del combustible, pero se eleva el precio por galón a 2.98 usd, es decir, 0.50 centavos de dólar más.  Históricamente la elevación del precio del combustible, cualquiera sea su calidad, ha provocado el alza de todos los demás productos, pues la gasolina es una mercancía primaria que permite la movilidad de las otras mercancías en la cadena productiva (incluido el transporte de la mercancía fuerza de trabajo).

La propuesta que aun no está en firme, es la eliminación del subsidio al diesel, que afectará a la población en general, de la misma manera que lo hará la eliminación del subsidio de la gasolina, no obstante, y coherente con la alianza gobierno-grupos de poder, Moreno ha prometido instalar mesas de diálogo con el sector industrial pesquero y camaronero para promover acuerdos que no mermen sus ingentes beneficios.

La política de austeridad fiscal que, en retórica se genera con estas medidas de ajuste, contradice el anuncio del endeudamiento público por más o menos 1000 mil millones de dólares con organismos multilaterales.  Esto quiere decir que, por un lado, “ahorramos” en salarios, pero por otro, aumentamos el presupuesto para el pago de la deuda.

La ley Trole III o mal llamada ley de Fomento Productivo, obliga a pagar la deuda pública a pesar de tener un presupuesto deficitario.  De un lado, el gobierno estrangula a los trabajadores y a los más pobres quitándonos los derechos laborales; precarizando nuestra condición; eliminando los subsidios básicos; restringiendo la contratación directa en el sector privado; endeudándonos exorbitantemente; y del otro, se condona la mora por deudas fiscales y patronales a los más ricos; se les elimina el impuesto de anticipo al IVA; se les reduce cargas fiscales, etc.

No cabe otra afirmación frente a este proceso violento y agresivo de remozamiento del capitalismo, disfrazado de bienestar, reactivación, inversión, productividad y generación de empleo. ¡Son ellos o somos nosotros!

[1] Relación contractual que per sé impide la estabilidad laboral y que precariza la vida del trabajador.

[2] A propósito de la solicitud de visa a los hermanos venezolanos, que al contrario de generar soluciones al drama social y político que las sociedades viven, los estigmatiza y obliga a vender su fuerza de trabajo al costo que sea para poder sobrevivir.